En este documento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca queda por demás explicitado que se compromete a la Intendencia de Canelones en la resolución del problema a través de una adecuación de su plan de ordenamiento territorial. Pero lamentablemente ni el MGAP se hace cargo ni deriva la responsabilidad de ese deber a la Comuna, con lo cual todo queda paralizado en un agujero burocrático, absurdo e inoperante.

Con Adriana Pascual, enferma y amenazada

“PARARÁ CUANDO HAYA UN MUERTO”

Vive con su familia a diecisiete metros del campo sojero de 500 hectáreas, pegado al arroyo Canelón Chico en el km 49 de la ruta 62 y al Canelón Grande en el 52. Ella y su hija han recibido el impacto directo de la fumigación. Es maestra pero no está ejerciendo por licencia médica. Según estudios hematológicos los productos químicos que se fumigan le afectaron el hígado y a su hija pequeña le bajaron las defensas y agravaron su asma y su alergia, además de que le han provocado fuertes ardores en la boca y en el estómago. Es muy difícil para Adriana mantener la lucha sin decaer anímicamente pero aún así la mantiene.

—¿Cuándo fueron las últimas fumigaciones? 

—El viernes 6 de febrero pasado por la tarde. La anterior fue el 21 de enero desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche, que estuvo fumigando en distintos predios que son todos suyos. Y cuando vino la inspección del Ministerio de Ganadería porque nosotros hicimos la denuncia, lo que le dijeron es que Ganadería está coordinando con Salud Pública, con la DINAMA y con la Intendencia de Canelones para hacer una reunión conjunta con los organismos a los que nosotros hemos denunciado, los vecinos que denunciamos y el productor. 

—¿El Grupo de Vecinos de Paso Picón qué papel juega en esto? 

— Cuando empezamos éramos más de treinta que firmamos la carta, que fue la primera que se presentó en la Intendencia. La presentamos en cinco lugares distintos de la Intendencia: en la Junta Departamental, en el Municipio, en Contralor, en la Secretaría del intendente y en Gestión Ambiental. Terminé de presentar la última en la Intendencia y me llama por teléfono supuestamente una abogada del productor para decirme que me dejara de denunciar porque me iba a demandar. Le dije que antes de decirme eso esperara que llegara la denuncia, que en la denuncia no había ningún argumento para demandarme, porque denunciar no es delito. Ella me quiso explicar la diferencia entre demanda civil y denuncia penal porque podía ir presa, y le dije que por denunciar a alguien presa no iba a ir. Esto es para que vos veas a qué nivel llega la corrupción, porque alguien inmediatamente le avisó de la denuncia. Esa carta la firmamos más de treinta vecinos y al día de hoy somos seis personas. Hay gente que denuncia uno solo de la familia y los demás no se animan. Pero los poquitos que somos nos mantenemos alerta, cuando empiezan los mosquitos nos avisamos para tener la precaución de cerrar las casas, para ver hasta dónde llega la fumigación, para controlar cuál es el número del mosquito que está usando y para cuidanos entre nosotros.

—¿Las amenazas comenzaron ahora? 

—No. Estas denuncias por el mosquito empezaron en setiembre de 2013. A partir de ahí comenzaron las amenazas y ahí empezaron a bajarse los vecinos.

—¿Qué tipo de amenazas son? 

—Hay una que fue personalmente, porque fue a amenazar a un vecino pero había otro escuchando.

—¿Y qué le dijo? 

—Le dijo: “hasta que acá no haya un muerto esto no va a parar”. Entonces a mí me llamó el vecino que recibió la amenaza para avisarme, y la otra persona que estaba escuchando, que no me conoce, le dijo a otro vecino que me llamara y me dijera que tuviera cuidado porque la amenaza era directamente para mí. Después amenazó a otro vecino telefónicamente y le dijo que él había estudiado para boxeador y que lo iba a agarrar a piñazos, que no lo siguiera denunciando porque él era capaz de cualquier cosa. En mi caso, por ejemplo, nosotros lo denunciamos porque se bajó, cruzó la camioneta en el caminito que divide mi casa del campo de él, y en una mano tenía una linterna y en la otra mano tenía un arma, y lo denuncié en el juzgado penal. Lo citaron a una audiencia, después vino la feria judicial y estamos esperando.

—¿Cuál es el perfil de este tipo? 

—Este hombre es una persona muy violenta hasta en la manera de hablar.

—¿Tiene antecedentes de violencia? 

—Sí, hasta donde nosotros sabemos de violencia privada y doméstica también.

—¿Esa reunión que se plantea entre los vecinos y él en qué va a consistir?, ¿en un intento de conciliación? 

—Exactamente. La idea de Ganadería es llegar a un acuerdo. Y nosotros inmediatamente le comunicamos esto al Instituto de Derechos Humanos porque nos parecía que también tenía que participar.

—¿No hay ninguna normativa para este tipo de casos? 

—Hay una resolución de Ganadería que dice que las fumigaciones no pueden realizarse a menos de 300 metros de zonas urbana, suburbana y centros poblados, pero como nosotros vivimos en una zona que está catalogada como zona rural Ganadería dice que no puede obligarlo a respetar esa distancia porque es una zona rural, y la Intendencia dice que a quien le corresponde controlar las fumigaciones es a Ganadería y Ganadería dice que le corresponde a Salud Pública. Salud Pública se expidió sobre mi caso y sobre el de mi hija, pero también dice la resolución que de la misma forma que estamos afectadas mi hija y yo también está afectada el resto de la población circundante, y lo dice clarito. 

—¿Hay algún curso de agua cercano? 

—Sí, por supuesto. En eso también tuvo una multa. Esa la aplicó Ganadería pero la aplicó al fumigador, al dueño del mosquito, porque no respetó la distancia a un curso de agua.

—¿Cuántas veces por mes fumiga? 

—Cada quince o veinte días fumiga.

—Pero los productos químicos igual quedan todo el mes flotando en el ambiente. 

—Por supuesto. Aparte nosotros estamos entre el Canelón Chico y el Canelón Grande. Los campos de él empiezan en las márgenes del Canelón Chico y van hasta las márgenes del Canelón Grande, hasta la orilla, la cuenca prioritaria del río Santa Lucía.

—Así que el Canelón Chico está pegado al campo. 

—Claro, y el Canelón Grande está al otro lado.

—Es un campo grande. 

—No es un solo campo, son varios pedazos de campo. En algunos tramos tiene de ambos lados de la ruta. Este hombre no es que tiene un solo campo, acá hay cuarenta casas, hay padrones de media hectárea, padrones de una hectárea y padrones de dos y tres hectáreas. Entonces este hombre compró y fue anexando distintos padrones de un lado y del otro de la ruta.

—¿Cuáles son los productos químicos que fumiga? 

—Planta soja transgénica, y según lo que él declaró cuando nosotros hicimos la denuncia, porque Ganadería no tiene ninguna manera de controlar lo que él declara, la fumiga con glifosato y 2-4D, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas combinados, ese es el tema, la combinación de productos agrotóxicos que combinados son muy malos para la salud humana.

—¿La directora de la escuela ha reaccionado de alguna forma? 

—Ha sido muy receptiva para quienes le llevamos algo. Por ejemplo cuando le demostramos que la salud mía y de mi hija estaban afectadas ella lo elevó a Primaria, yo le llevé la copia y ella lo elevó a Primaria. Cuando se le impuso la multa yo le llevé una copia y ella lo elevó a Primaria. Pero la cuestión es que él respeta la distancia a la escuela que le pide Ganadería. Los que están afectados son los niños porque con respecto a las casas de los niños él no respeta las distancias. Entonces de la escuela no pueden denunciar porque él los 500 metros a la escuela los respeta, hay más de 500 metros, pero respecto de las casas de los niños no, él fumiga hasta el alambrado de los que vivimos acá.

—¿Todo el resto de los productores de la zona son orgánicos? 

—No, después lo que hay acá son sobre todo tambos.

—Pero no hay ningún otro productor que fumigue, sólo él. 

—No, no hay ningún otro que plante transgénicos, no hay ningún otro que plante soja ni sorgo ni trigo transgénicos, o sea que no hay ningún otro que use el mosquito para fumigar.

Con Silvia Martínez, corresponsal de Telesur

URUGUAY, SUCURSAL TRANSGÉNICA

Silvia fue la primera periodista que llegó hasta Paso Picón para cubrir en palabra e imagen para Telesur toda la problemática vivida por sus pobladores a raíz de los cultivos transgénicos y de las fumigaciones que los hace fuertes. Por eso cataloga al Ministerio de Ganadería de agente del agronegocio, en medio de una política autodenominada como productiva, pero que enferma a los habitantes. Aquí tenemos su palabra.

—¿Con qué realidad te encontraste en Paso Picón?        

—Con una realidad dramática de indefensión y de lo víctimas que son los pobladores con las fumigaciones para los cultivos transgénicos, para la soja del sojero Máximo Castilla, que es un médico además y un terrateniente, que no tiene ningún miramiento a la hora de envenenar a la gente que está alrededor. Eso es lo primero que encontré, una población constituida por varias decenas de familias que estaban indefensas frente a las fumigaciones, que veían que eso los estaba afectando, porque las personas no son idiotas, pero que no sabían por qué canales y cómo defenderse, ni ante quién denunciar lo que les estaba sucediendo y que alguien les respondiera.

—¿Cómo se puede entender que la única respuesta oficial haya sido una multa de 1000 unidades reajustables de parte del MSP, y que encima fue apelada por el dueño, cuando acá de lo que se trata es de que se pare la fumigación y no de pagar una multa para seguir fumigando? 

—Hay que aclarar que el MGAP, su ministro y los jerarcas del ministerio, son agentes del agronegocio, son promotores de los cultivos transgénicos, del cultivo de la soja transgénica y del maíz transgénico, que ellos son los responsables de que se haya habilitado una docena de variedades de semillas transgénicas, hasta lo que sabemos hoy, como todo el paquete de venenos que acompañan necesariamente esos cultivos. Entonces cuando vos te presentás ante el MGAP es como si te presentaras ante la Cámara de los Sojeros y de los cultivadores de transgénicos, y no van a ser ellos los que te van a acompañar. En cuanto al MSP, ahí sí hemos encontrado gente responsable y consciente de los daños a la salud y que se empieza a hacer cargo de ese tema. Y DINAMA que también poco a poco ha ido respondiendo positivamente a los reclamos justos y fundados de la población que está siendo envenenada.

—Ellos dicen que la DINAMA no les respondió nada. 

—La Dirección de Medio Ambiente y el Departamento de Salud de DINAMA han producido informes que han sido positivos en relación a lo que está ocurriendo, y luego es el MSP el que toma la decisión de la multa. De a poco se va consiguiendo que el MSP y la DINAMA dialoguen, se pongan de acuerdo.

—¿Qué enfermedades o males constatables encontraste en la escuela y en los vecinos de Paso Picón? 

—La primera molestia que aparece, y eso lo sufren todos los niños a la hora de las fumigaciones, igual que los adultos, son los problemas respiratorios, dificultades para respirar, accesos de tos, dificultades respiratorias que los médicos después catalogan como crisis de asma o crisis alérgica, y problemas de alergia en la piel. Esos son los primeros síntomas, que se dan conjuntamente en general con vómitos y diarrea. El problema mayor es que los médicos desconocen las consecuencias de las fumigaciones, el sistema de salud desconoce los síntomas primeros de la intoxicación por fumigaciones, entonces cuando el afectado va al médico los médicos dicen “tiene una laringitis” o “tiene una faringitis”, “tiene una crisis de alergia respiratoria al polen, al agua jane, al cambio de estación…”. Los problemas gastrointestinales, los problemas de vómitos y diarrea, los atribuyen a virosis o a que comió algo que le cayó mal, entonces salen del médico con un diagnóstico de gastroenterocolitis. Eso ha llevado a que la propia dirección del Centro de Toxicología del Hospital de Clínicas (CIAT), que es el centro de referencia para intoxicaciones de todo tipo, planteara que en el momento en que tú estás en la cercanía de una fumigación y sientes cualquier malestar de cualquier tipo lo primero que debes hacer es llamar al CIAT, decir que has estado expuesto a una fumigación, o que tus hijos estuvieron expuestos a una fumigación, que llegaba hasta tu casa o llegaba hasta la escuela o llegaba hasta el camino ese olor espantoso que tienen los productos, y que estás teniendo tos o diarrea o dolor de garganta o dolor de cabeza, y pedirles a ellos que sigan tu caso y que sean quienes diagnostiquen. Inmediatamente de hacer el pedido al CIAT les das también el contacto con tu médico tratante y cuando llegas a tu médico le dices que ya hablaste con el CIAT y que él tiene que llamar al CIAT para que el CIAT lo guíe en el diagnóstico. Ese fue el pedido expreso de la Dra. Laborde, directora del CIAT, porque es la manera en que quienes entienden de intoxicaciones pueden guiar al médico en el diagnóstico para poder comprobar que no es una faringitis sino una intoxicación por agrotóxicos.

—O sea que los médicos desconocen los efectos de las fumigaciones por ignorancia propia y no se trata de que esquiven el diagnóstico por corporativismo médico, porque el dueño del campo es médico. 

—No, en la mayoría de los casos los médicos desconocen el efecto de las fumigaciones, por lo que no se trata de mala voluntad. Lo que yo encuentro inaceptable es que un científico, un médico, lo desconozca, pero esa es otra cuestión. Hay médicos que lo reconocen abiertamente y que te dicen: “mirá, yo de esto no sé nada, si vos tenés material pasámelo”, como se lo ha dicho a la vecina Adriana Pascual personal médico de Canelones.

—Esto también afecta a la zona protegida de la cuenca del río Santa Lucía, porque ahí al lado pasan el Canelón Chico y el Canelón Grande. ¿Por ese lado no se puede hacer nada? Porque hay una zona protegida que se está violando.

 —Se está violando la salud de las aguas y por lo tanto la salud de los habitantes en todo el país. Específicamente en Canelones hay un problema gravísimo, tal como tú lo planteas, y es que se está violando toda la reglamentación de OSE, se está violando la Ley de Aguas y se está violando el artículo 47 de la Constitución. Por ejemplo los cultivos de los que es propietario Máximo Castilla, el sojero que envenena a la gente en Paso Picón, afectan directamente tanto el Canelón Chico y el Canelón Grande, sí.

—¿Qué fuerza de decisión viste en los vecinos de Paso Picón como para continuar esta lucha? ¿Percibiste miedo ante las amenazas recibidas o frustración ante los trámites hechos y que no han recibido respuesta? 

—Esa situación de frustración y la situación de miedo de enfrentarse con los productores se da a nivel nacional. Hasta ahora todo lo que los afectados han intentado hacer de una u otra manera ha caído en saco roto. Recién a lo largo de 2014 hemos conseguido avanzar en la protección de las poblaciones, las personas, las familias que están siendo afectadas por las fumigaciones. Cuando tú preguntas en Paso Picón, la mayoría de las personas le temen a Máximo Castilla, que es un hombre violento, que se permite amenazar a los vecinos, que es un hombre que es capaz de decir ante abogados y jueces que a ver si se necesita atropellar al denunciante en una carretera y tirarlo en una cuneta, que es un hombre que no tiene respeto por los demás, que así como los envenena los amenaza. Pero esa situación no se da solamente en Paso Picón sino en todo el país. Yo estaba hace algunas semanas en Tacuarembó y es la misma situación. Lo que me decía la gente que está siendo afectada en Tacuarembó es que les tienen miedo a los capataces que salen a amenazar o que les tinen miedo a los dueños de los cultivos. La población está siendo amenazada en todo el país, y eso no es un verso, es así. Es una vulneración de derechos que nunca nos hubiéramos imaginado que pudiera volver a suceder en este país o que pensábamos que había terminado en las décadas del cuarenta o del cincuenta, cuando todavía los terratenientes y los productores rurales eran amos y señores de la tierra, del ganado y de las personas.

—Y me han dicho que extrañamente la policía local no reacciona ante la denuncia de ninguna amenaza tampoco. 

—Sucede en todos los ámbitos. No reaccionan las Inspecciones Departamentales de Enseñanza Primaria, por ejemplo. ¿O es que alguien ha escuchado a miembros de Educación Primaria hablar públicamente o iniciar acciones en defensa de los niños y el personal docente y de servicio que está siendo afectado en las escuelas rurales y semirrurales del Uruguay?

Seguimos sin respuesta oficial

EL CASCABEL DEL GATO

Un día antes de la última fumigación procuramos la palabra de alguna autoridad municipal. Así llamamos al director de Desarrollo Rural, Nelson Larzábal, quien no aceptó que lo grabáramos y simplemente nos dijo que desde hace un año su Dirección no ha tenido intervención en Paso Picón, aunque reconoció que un funcionario municipal debió ser atendido en una sociedad médica tras inspeccionar el predio sojero, y luego nos remitió a Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental, con quien jamás logramos comunicarnos. Esa Dirección había manejado el año pasado la posibilidad de declarar zona protegida a Paso Picón, pero aún no lo ha hecho. Aquí el tema es mucho más grave de lo que parece, mucho más que los daños físicos y medioambientales, y centralmente pasa por el desentendimiento de las obligaciones de los tres poderes del gobierno como tal. En primer lugar se desconoce el artículo 47 de la Constitución, y en segundo lugar también una serie de normativas internacionales en la materia, entre ellas las que indican que los plaguicidas, en este caso fumigados, pueden generar cáncer y mutaciones en los pobladores, además de contaminación del suelo, de los productos alimenticios y de las aguas superficiales y subterráneas. Si violan estos dictámenes no por ignorancia sino por tratarse de una política de estado antinatural que lo digan de una vez por todas, así nos enteramos. Ya que de lo contrario las poblaciones que rodean los predios fumigados van a empezar a morir y no necesariamente porque un productor les pegue un tiro sino por desidia oficial. En cuanto a las amenazas recibidas la cuestión es más clara todavía: si existen testigos u otro tipo de pruebas que confirmen la existencia de las mismas el amenazador debe ser inmediatamente procesado, se llame como se llame y ostente el cargo que sea. Y si los vecinos que se declaran amenazados están mintiendo entonces deberán ser esos vecinos los procesados, porque aquí no hay tiempo ni lugar para que las autoridades sigan haciendo la plancha en tremendo río de impunidad.

Este es el documento del Ministerio de Salud Pública donde se informa la aplicación de una multa de 1000 unidades reajustables y se reconoce la afectación de la salud humana como consecuencia de la aplicación de plaguicidas.

Con Carlos Dárdano, de la Asamblea por el Agua del Santa Lucía

“LEGISLACIÓN HAY DE SOBRA”

Creímos necesario también consultar la opinión de Carlos Dárdano, uno de los responsables de la radio Espika FM, integrante de la Asamblea por el Agua del Santa Lucía y de la Comisión de Cuenca de ese río.

—¿Qué conocimiento tienen en la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía sobre este caso en Paso Picón?               

—Ese tema desde la comisión no lo hemos trabajado con los vecinos del lugar por el momento. Lo hemos seguido y sabemos más o menos lo que han hecho los vecinos aunque no hemos tenido un contacto directo, pero sí nos interesa incluirlo en la agenda como un tema a trabajar, todo el tema de las fumigaciones de soja en la cuenca, que son un afluente que va a parar directamente a la planta de OSE, como agravante de todo lo que sufren los vecinos. 

—El Canelón Chico y el Canelón Grande están pegados al campo.    

—Entonces todo eso desemboca justo antes de la planta de OSE.     

—¿Conocés otras fumigaciones por soja en el departamento de Canelones? 
—Sí, acá en Santa Lucía, sobre la ruta del medio, también el tema de la soja está siendo bastante complicado. Hay algunos vecinos tamberos que en algunas reuniones de la Comisión de Fomento Rural lo plantean como una de las problemáticas a encarar desde ese ámbito porque estaban absolutamente rodeados de soja y ya les estaba afectando su vida. Después hay unos apicultores, también por la ruta del medio pero un poco más cerca de Santa Lucía, y tienen la soja plantada muy cerquita de su casa, a 30 o 50 metros, que también están sumamente preocupados.     

—¿Eso sigue en aumento?    

—Va avanzando en esta parte del pueblo, con graves efectos sobre los vecinos que viven ahí y graves efectos también sobre la estructura agropecuaria canaria, porque son pequeños predios que se terminan unificando en grandes predios, y eso es muy difícil que vuelva a pasar a manos de productores de alimentos. Eso está echando a la gente del campo. Y es gravísimo que no se tomen cartas en el asunto con las potestades de ordenamiento territorial que tiene la Intendencia de Canelones y determinen qué es lo que se quiere hacer con el departamento.             

—¿Toda esa soja es fumigada con mosquito?            

—El que es más cerca de Paso Pache seguro que sí. El otro no estoy seguro, pero supongo que sí porque por los tipos de plantaciones que se ven aquí en la zona tiene que ser con mosquito por las huellas que uno ve en la tierra.                 

—¿Ante tanta evidencia por qué la Intendencia no intervendrá?    

—Lo que yo creo es que están alineados con un modelo productivo que se ha definido a nivel de país y que no parece ser el más razonable. Y esto va en la misma línea, de no actuar, no tocar nada, y que el libre mercado se encargue.
—El río Santa Lucía ya está contaminado al mango. ¿Cuánto incidiría en esa contaminación el vuelco de productos químicos como en el caso de Paso Picón? ¿No existe ninguna legislación que lo prohíba o lo limite?    

—Legislación hay de sobra para prohibir todas estas cosas, desde el artículo 47 de la Constitución y todas las leyes que le siguen, leyes de protección de las aguas, desde el punto de vista legal hay infinidad de instrumentos. No se aplican, no se respetan. Cuánto afectan las fumigaciones habría que determinarlo desde el punto de vista técnico. Según la OSE, ellos no encuentran rastros de agroquímicos en el agua que potabilizan o los niveles son bajísimos. Eso es lo que dice la OSE. Nosotros entendemos que habría que tener alguna forma de control ciudadano, porque yo no confío en ninguno de esos estudios, porque se sabe que todo eso está terminando en el agua.         

—¿La Comisión de Cuenca del río Santa Lucía no puede hacer nada al respecto?

—Cuando nosotros le planteamos la problemática de los agrotóxicos a la directora de Recursos Renovables del MGAP, Mariana Gil, se le pusieron los pelos de punta porque no se podía hablar de agrotóxicos sino de fitosanitarios. Después el MSP expuso en una de las reuniones que compartimos y dejó claramente establecido que estamos hablando de agrotóxicos porque son químicos que se utilizan para el agro y claramente son tóxicos para la salud de la gente. De todas las medidas que propuso el gobierno hay una única medida que trata el tema de agrotóxicos, que está vinculada también a la protección del monte ribereño, donde se propone fijar una franja costera de amortiguación de todos los vertidos de los campos, que es un chiste. En la última Comisión de Cuenca, que fue en noviembre de 2014, el ministerio dijo cuáles iban a ser los criterios, y van a considerar 20 o 30 metros de protección para el caso de los cursos secundarios, como el Canelón Chico y el Canelón Grande, donde no se iba a poder fumigar. Eso es un disparate, primero porque es una franja muy chica, y desde la Facultad de Ciencias no tiene ningún rigor científico según lo planteó en la propia Comisión de Cuenca, y lo peor es la forma en cómo lo van a considerar, porque la DINAGUA definió que esa distancia va a ser desde el límite de cada padrón, porque los padrones que quedan limítrofes a los ríos generalmente tienen el límite del padrón en el medio del río, o sea que habría lugar en el río donde se podría plantar hasta adentro del agua. Es decir que la Comisión de Cuenca es una herramienta muy importante y que hay que defender, pero como está implementada por el gobierno termina siendo un chiste porque de gestión participativa no tiene nada, donde el gobierno gestiona y las organizaciones sociales van a escuchar.    

—Aceptemos que hay soja transgénica, es una realidad. ¿Habría alguna otra forma de realizarle un tratamiento a la soja transgénica que no sea mediante fumigación de agrotóxicos?        

—Yo creo que no, porque justamente el objetivo de la soja transgénica es hacerla resistente al herbicida. Ese es el principal sentido de la soja transgénica. Y ahora se está por tramitar la autorización para que pueda entrar soja transgénica, que ya está en Brasil, resistente a un herbicida más potente aún, y evidentemente más dañina para todo el resto. Entonces es un modelo que viene atado, no va una cosa sin la otra.     

—¿Qué intervención puede hacer la Comisión de Cuenca en este caso puntual de Paso Picón?    

—La Comisión de Cuenca, por cómo está instrumentada, sesiona cuando la DINAGUA la solicita. La cuestión es que tal como está hoy en día no sé cuánto podrá hacer. Yo creo que igual sería interesante que el tema se planteara en ese ámbito, que los vecinos pidieran que sea incluido en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión de Cuenca, y ver qué pasa. Porque en esa Comisión de Cuenca también están los propios empresarios y los sojeros, que no les hace falta hablar mucho porque evidentemente como van las cosas no se ven demasiado afectados. Igual creo que es un ámbito importante donde plantear la problemática para que la gente dimensione el problema que hay y lo que está pasando. De ahí a que en la Comisión de Cuenca se pueda dar una solución a corto plazo lo veo muy difícil, aunque igual hay que plantearlo para que se vea que la problemática es muy grave, pero creo que las soluciones hay que buscarlas por otro lado, como a través del Instituto de Derechos Humanos por ejemplo, como lo están haciendo, que es un paso importante en general para actuar en estos temas y para poder plantearlo a nivel judicial, porque ahí tiene que haber una responsabilidad del empresario por afectar la salud, porque habría que ver si esto también no puede estar incluido en la nueva ley de responsabilidad penal empresarial, por lo que de ser así si esta persona está afectando la vida de la población pueda ser procesada como corresponde.

UN VIAJE DE IDA CON PASAPORTE OFICIAL

Los nuevos modelos productivos implementados en Uruguay desde el año 1998, permitidos o fomentados por los distintos gobiernos, son las nuevas armas de destrucción masiva que enfrenta la población, a partir fundamentalmente de las plantaciones de productos transgénicos y de las fumigaciones que los hacen resistentes. Y esto no es un cuento antioficialista. Si así lo fuera el gobierno uruguayo debería responder por qué razón durante 2013 permitió la importación de 35 millones de litros de herbicidas, de 14 millones de litros de insecticidas, de 8 millones de litros de fungicidas y de 4 millones de otros venenos para ser esparcidos en nuestros suelos, aires, aguas y poblaciones humanas, contaminando directamente a los habitantes cercanos a los cultivos e indirectamente a todos quienes nos alimentamos con los productos fumigados o consumimos agua contaminada con residuos tóxicos. Esta información no parte de ningún organismo opositor sino de la propia Dirección General de Servicios Agrícolas, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la zafra 2000/01 el cultivo de soja cubría 12 mil hectáreas, en diez años llegó a alcanzar una intención de siembra de más de un millón de hectáreas, según datos de REDES Uruguay, y actualmente la casi totalidad del área cultivada lo es con soja transgénica, beneficiando fundamentalmente a las empresas trasnacionales Bayer y Monsanto. A raíz de ésto, entre los años 2000 y 2007 unos 600 productores familiares abandonaron la producción agrícola y las nuevas empresas pasaron a controlar el 54% de la superficie, por lo que entre 2002 y 2010 el precio de la hectárea se multiplicó por siete: la tierra oriental fue extranjerizada. Los venenos más comunes para tratar la soja transgénica y envenenar a los pobladores son el glifosato, la atrazina y el endosulfán. Para ello la importación de glifosato, por ejemplo, pasó de 1,5 millones de litros en 2000 a 12,3 millones en 2010, y la de endosulfán de 5.300 litros a 270.000. Según un equipo especial de médicos de la Universidad de Córdoba el aumento de las fumigaciones con plaguicidas ha provocado el incremento de casos de cáncer, abortos, malformaciones fetales y afecciones respiratorias, entre otros efectos. Por su parte, representantes de la DINAMA y de la Universidad de la República revelaron que los efectos tóxicos crónicos que habían sido publicados por el gobierno uruguayo fueron borrados de la página del MGAP, todo lo cual lleva a concluir que el sello Uruguay Natural es una mera fachada que sólo se utiliza para venderlo al extranjero y captar a la población uruguaya que carece de este tipo de información. Yendo a la otra punta del mapa, un estudio de la Universidad de California considera que las mujeres embarazadas que viven cerca de predios donde se aplican agrotóxicos tienen un sesenta por ciento de riesgo de tener hijos con autismo o retraso en el desarrollo. En todo el Uruguay se fumiga con agrotóxicos, no sólo en Paso Picón, por supuesto, lo cual nos lleva a asegurar que todos nuestros compatriotas expuestos a las fumigaciones acabarán, a corto o mediano plazo, pagando los platos rotos del poder económico que marca la agenda de los gobiernos de cualquier partido.