Los Cerrillos - Canelones

Con Carlos Dárdano, de la Asamblea por el Agua del Santa Lucía

“LEGISLACIÓN HAY DE SOBRA”

Creímos necesario también consultar la opinión de Carlos Dárdano, uno de los responsables de la radio Espika FM, integrante de la Asamblea por el Agua del Santa Lucía y de la Comisión de Cuenca de ese río.

—¿Qué conocimiento tienen en la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía sobre este caso en Paso Picón?               

—Ese tema desde la comisión no lo hemos trabajado con los vecinos del lugar por el momento. Lo hemos seguido y sabemos más o menos lo que han hecho los vecinos aunque no hemos tenido un contacto directo, pero sí nos interesa incluirlo en la agenda como un tema a trabajar, todo el tema de las fumigaciones de soja en la cuenca, que son un afluente que va a parar directamente a la planta de OSE, como agravante de todo lo que sufren los vecinos. 

—El Canelón Chico y el Canelón Grande están pegados al campo.    

—Entonces todo eso desemboca justo antes de la planta de OSE.     

—¿Conocés otras fumigaciones por soja en el departamento de Canelones? 
—Sí, acá en Santa Lucía, sobre la ruta del medio, también el tema de la soja está siendo bastante complicado. Hay algunos vecinos tamberos que en algunas reuniones de la Comisión de Fomento Rural lo plantean como una de las problemáticas a encarar desde ese ámbito porque estaban absolutamente rodeados de soja y ya les estaba afectando su vida. Después hay unos apicultores, también por la ruta del medio pero un poco más cerca de Santa Lucía, y tienen la soja plantada muy cerquita de su casa, a 30 o 50 metros, que también están sumamente preocupados.     

—¿Eso sigue en aumento?    

—Va avanzando en esta parte del pueblo, con graves efectos sobre los vecinos que viven ahí y graves efectos también sobre la estructura agropecuaria canaria, porque son pequeños predios que se terminan unificando en grandes predios, y eso es muy difícil que vuelva a pasar a manos de productores de alimentos. Eso está echando a la gente del campo. Y es gravísimo que no se tomen cartas en el asunto con las potestades de ordenamiento territorial que tiene la Intendencia de Canelones y determinen qué es lo que se quiere hacer con el departamento.             

—¿Toda esa soja es fumigada con mosquito?            

—El que es más cerca de Paso Pache seguro que sí. El otro no estoy seguro, pero supongo que sí porque por los tipos de plantaciones que se ven aquí en la zona tiene que ser con mosquito por las huellas que uno ve en la tierra.                 

—¿Ante tanta evidencia por qué la Intendencia no intervendrá?    

—Lo que yo creo es que están alineados con un modelo productivo que se ha definido a nivel de país y que no parece ser el más razonable. Y esto va en la misma línea, de no actuar, no tocar nada, y que el libre mercado se encargue.
—El río Santa Lucía ya está contaminado al mango. ¿Cuánto incidiría en esa contaminación el vuelco de productos químicos como en el caso de Paso Picón? ¿No existe ninguna legislación que lo prohíba o lo limite?    

—Legislación hay de sobra para prohibir todas estas cosas, desde el artículo 47 de la Constitución y todas las leyes que le siguen, leyes de protección de las aguas, desde el punto de vista legal hay infinidad de instrumentos. No se aplican, no se respetan. Cuánto afectan las fumigaciones habría que determinarlo desde el punto de vista técnico. Según la OSE, ellos no encuentran rastros de agroquímicos en el agua que potabilizan o los niveles son bajísimos. Eso es lo que dice la OSE. Nosotros entendemos que habría que tener alguna forma de control ciudadano, porque yo no confío en ninguno de esos estudios, porque se sabe que todo eso está terminando en el agua.         

—¿La Comisión de Cuenca del río Santa Lucía no puede hacer nada al respecto?

—Cuando nosotros le planteamos la problemática de los agrotóxicos a la directora de Recursos Renovables del MGAP, Mariana Gil, se le pusieron los pelos de punta porque no se podía hablar de agrotóxicos sino de fitosanitarios. Después el MSP expuso en una de las reuniones que compartimos y dejó claramente establecido que estamos hablando de agrotóxicos porque son químicos que se utilizan para el agro y claramente son tóxicos para la salud de la gente. De todas las medidas que propuso el gobierno hay una única medida que trata el tema de agrotóxicos, que está vinculada también a la protección del monte ribereño, donde se propone fijar una franja costera de amortiguación de todos los vertidos de los campos, que es un chiste. En la última Comisión de Cuenca, que fue en noviembre de 2014, el ministerio dijo cuáles iban a ser los criterios, y van a considerar 20 o 30 metros de protección para el caso de los cursos secundarios, como el Canelón Chico y el Canelón Grande, donde no se iba a poder fumigar. Eso es un disparate, primero porque es una franja muy chica, y desde la Facultad de Ciencias no tiene ningún rigor científico según lo planteó en la propia Comisión de Cuenca, y lo peor es la forma en cómo lo van a considerar, porque la DINAGUA definió que esa distancia va a ser desde el límite de cada padrón, porque los padrones que quedan limítrofes a los ríos generalmente tienen el límite del padrón en el medio del río, o sea que habría lugar en el río donde se podría plantar hasta adentro del agua. Es decir que la Comisión de Cuenca es una herramienta muy importante y que hay que defender, pero como está implementada por el gobierno termina siendo un chiste porque de gestión participativa no tiene nada, donde el gobierno gestiona y las organizaciones sociales van a escuchar.    

—Aceptemos que hay soja transgénica, es una realidad. ¿Habría alguna otra forma de realizarle un tratamiento a la soja transgénica que no sea mediante fumigación de agrotóxicos?        

—Yo creo que no, porque justamente el objetivo de la soja transgénica es hacerla resistente al herbicida. Ese es el principal sentido de la soja transgénica. Y ahora se está por tramitar la autorización para que pueda entrar soja transgénica, que ya está en Brasil, resistente a un herbicida más potente aún, y evidentemente más dañina para todo el resto. Entonces es un modelo que viene atado, no va una cosa sin la otra.     

—¿Qué intervención puede hacer la Comisión de Cuenca en este caso puntual de Paso Picón?    

—La Comisión de Cuenca, por cómo está instrumentada, sesiona cuando la DINAGUA la solicita. La cuestión es que tal como está hoy en día no sé cuánto podrá hacer. Yo creo que igual sería interesante que el tema se planteara en ese ámbito, que los vecinos pidieran que sea incluido en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión de Cuenca, y ver qué pasa. Porque en esa Comisión de Cuenca también están los propios empresarios y los sojeros, que no les hace falta hablar mucho porque evidentemente como van las cosas no se ven demasiado afectados. Igual creo que es un ámbito importante donde plantear la problemática para que la gente dimensione el problema que hay y lo que está pasando. De ahí a que en la Comisión de Cuenca se pueda dar una solución a corto plazo lo veo muy difícil, aunque igual hay que plantearlo para que se vea que la problemática es muy grave, pero creo que las soluciones hay que buscarlas por otro lado, como a través del Instituto de Derechos Humanos por ejemplo, como lo están haciendo, que es un paso importante en general para actuar en estos temas y para poder plantearlo a nivel judicial, porque ahí tiene que haber una responsabilidad del empresario por afectar la salud, porque habría que ver si esto también no puede estar incluido en la nueva ley de responsabilidad penal empresarial, por lo que de ser así si esta persona está afectando la vida de la población pueda ser procesada como corresponde.