Con Adriana Pascual, enferma y amenazada
“PARARÁ CUANDO HAYA UN MUERTO”
Vive con su familia a diecisiete metros del campo sojero de 500 hectáreas, pegado al arroyo Canelón Chico en el km 49 de la ruta 62 y al Canelón Grande en el 52. Ella y su hija han recibido el impacto directo de la fumigación. Es maestra pero no está ejerciendo por licencia médica. Según estudios hematológicos los productos químicos que se fumigan le afectaron el hígado y a su hija pequeña le bajaron las defensas y agravaron su asma y su alergia, además de que le han provocado fuertes ardores en la boca y en el estómago. Es muy difícil para Adriana mantener la lucha sin decaer anímicamente pero aún así la mantiene.
—¿Cuándo fueron las últimas fumigaciones?
—El viernes 6 de febrero pasado por la tarde. La anterior fue el 21 de enero desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche, que estuvo fumigando en distintos predios que son todos suyos. Y cuando vino la inspección del Ministerio de Ganadería porque nosotros hicimos la denuncia, lo que le dijeron es que Ganadería está coordinando con Salud Pública, con la DINAMA y con la Intendencia de Canelones para hacer una reunión conjunta con los organismos a los que nosotros hemos denunciado, los vecinos que denunciamos y el productor.
—¿El Grupo de Vecinos de Paso Picón qué papel juega en esto?
— Cuando empezamos éramos más de treinta que firmamos la carta, que fue la primera que se presentó en la Intendencia. La presentamos en cinco lugares distintos de la Intendencia: en la Junta Departamental, en el Municipio, en Contralor, en la Secretaría del intendente y en Gestión Ambiental. Terminé de presentar la última en la Intendencia y me llama por teléfono supuestamente una abogada del productor para decirme que me dejara de denunciar porque me iba a demandar. Le dije que antes de decirme eso esperara que llegara la denuncia, que en la denuncia no había ningún argumento para demandarme, porque denunciar no es delito. Ella me quiso explicar la diferencia entre demanda civil y denuncia penal porque podía ir presa, y le dije que por denunciar a alguien presa no iba a ir. Esto es para que vos veas a qué nivel llega la corrupción, porque alguien inmediatamente le avisó de la denuncia. Esa carta la firmamos más de treinta vecinos y al día de hoy somos seis personas. Hay gente que denuncia uno solo de la familia y los demás no se animan. Pero los poquitos que somos nos mantenemos alerta, cuando empiezan los mosquitos nos avisamos para tener la precaución de cerrar las casas, para ver hasta dónde llega la fumigación, para controlar cuál es el número del mosquito que está usando y para cuidanos entre nosotros.
—¿Las amenazas comenzaron ahora?
—No. Estas denuncias por el mosquito empezaron en setiembre de 2013. A partir de ahí comenzaron las amenazas y ahí empezaron a bajarse los vecinos.
—¿Qué tipo de amenazas son?
—Hay una que fue personalmente, porque fue a amenazar a un vecino pero había otro escuchando.
—¿Y qué le dijo?
—Le dijo: “hasta que acá no haya un muerto esto no va a parar”. Entonces a mí me llamó el vecino que recibió la amenaza para avisarme, y la otra persona que estaba escuchando, que no me conoce, le dijo a otro vecino que me llamara y me dijera que tuviera cuidado porque la amenaza era directamente para mí. Después amenazó a otro vecino telefónicamente y le dijo que él había estudiado para boxeador y que lo iba a agarrar a piñazos, que no lo siguiera denunciando porque él era capaz de cualquier cosa. En mi caso, por ejemplo, nosotros lo denunciamos porque se bajó, cruzó la camioneta en el caminito que divide mi casa del campo de él, y en una mano tenía una linterna y en la otra mano tenía un arma, y lo denuncié en el juzgado penal. Lo citaron a una audiencia, después vino la feria judicial y estamos esperando.
—¿Cuál es el perfil de este tipo?
—Este hombre es una persona muy violenta hasta en la manera de hablar.
—¿Tiene antecedentes de violencia?
—Sí, hasta donde nosotros sabemos de violencia privada y doméstica también.
—¿Esa reunión que se plantea entre los vecinos y él en qué va a consistir?, ¿en un intento de conciliación?
—Exactamente. La idea de Ganadería es llegar a un acuerdo. Y nosotros inmediatamente le comunicamos esto al Instituto de Derechos Humanos porque nos parecía que también tenía que participar.
—¿No hay ninguna normativa para este tipo de casos?
—Hay una resolución de Ganadería que dice que las fumigaciones no pueden realizarse a menos de 300 metros de zonas urbana, suburbana y centros poblados, pero como nosotros vivimos en una zona que está catalogada como zona rural Ganadería dice que no puede obligarlo a respetar esa distancia porque es una zona rural, y la Intendencia dice que a quien le corresponde controlar las fumigaciones es a Ganadería y Ganadería dice que le corresponde a Salud Pública. Salud Pública se expidió sobre mi caso y sobre el de mi hija, pero también dice la resolución que de la misma forma que estamos afectadas mi hija y yo también está afectada el resto de la población circundante, y lo dice clarito.
—¿Hay algún curso de agua cercano?
—Sí, por supuesto. En eso también tuvo una multa. Esa la aplicó Ganadería pero la aplicó al fumigador, al dueño del mosquito, porque no respetó la distancia a un curso de agua.
—¿Cuántas veces por mes fumiga?
—Cada quince o veinte días fumiga.
—Pero los productos químicos igual quedan todo el mes flotando en el ambiente.
—Por supuesto. Aparte nosotros estamos entre el Canelón Chico y el Canelón Grande. Los campos de él empiezan en las márgenes del Canelón Chico y van hasta las márgenes del Canelón Grande, hasta la orilla, la cuenca prioritaria del río Santa Lucía.
—Así que el Canelón Chico está pegado al campo.
—Claro, y el Canelón Grande está al otro lado.
—Es un campo grande.
—No es un solo campo, son varios pedazos de campo. En algunos tramos tiene de ambos lados de la ruta. Este hombre no es que tiene un solo campo, acá hay cuarenta casas, hay padrones de media hectárea, padrones de una hectárea y padrones de dos y tres hectáreas. Entonces este hombre compró y fue anexando distintos padrones de un lado y del otro de la ruta.
—¿Cuáles son los productos químicos que fumiga?
—Planta soja transgénica, y según lo que él declaró cuando nosotros hicimos la denuncia, porque Ganadería no tiene ninguna manera de controlar lo que él declara, la fumiga con glifosato y 2-4D, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas combinados, ese es el tema, la combinación de productos agrotóxicos que combinados son muy malos para la salud humana.
—¿La directora de la escuela ha reaccionado de alguna forma?
—Ha sido muy receptiva para quienes le llevamos algo. Por ejemplo cuando le demostramos que la salud mía y de mi hija estaban afectadas ella lo elevó a Primaria, yo le llevé la copia y ella lo elevó a Primaria. Cuando se le impuso la multa yo le llevé una copia y ella lo elevó a Primaria. Pero la cuestión es que él respeta la distancia a la escuela que le pide Ganadería. Los que están afectados son los niños porque con respecto a las casas de los niños él no respeta las distancias. Entonces de la escuela no pueden denunciar porque él los 500 metros a la escuela los respeta, hay más de 500 metros, pero respecto de las casas de los niños no, él fumiga hasta el alambrado de los que vivimos acá.
—¿Todo el resto de los productores de la zona son orgánicos?
—No, después lo que hay acá son sobre todo tambos.
—Pero no hay ningún otro productor que fumigue, sólo él.
—No, no hay ningún otro que plante transgénicos, no hay ningún otro que plante soja ni sorgo ni trigo transgénicos, o sea que no hay ningún otro que use el mosquito para fumigar.
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