Con Silvia Martínez, corresponsal de Telesur
URUGUAY, SUCURSAL TRANSGÉNICA
Silvia fue la primera periodista que llegó hasta Paso Picón para cubrir en palabra e imagen para Telesur toda la problemática vivida por sus pobladores a raíz de los cultivos transgénicos y de las fumigaciones que los hace fuertes. Por eso cataloga al Ministerio de Ganadería de agente del agronegocio, en medio de una política autodenominada como productiva, pero que enferma a los habitantes. Aquí tenemos su palabra.
—¿Con qué realidad te encontraste en Paso Picón?
—Con una realidad dramática de indefensión y de lo víctimas que son los pobladores con las fumigaciones para los cultivos transgénicos, para la soja del sojero Máximo Castilla, que es un médico además y un terrateniente, que no tiene ningún miramiento a la hora de envenenar a la gente que está alrededor. Eso es lo primero que encontré, una población constituida por varias decenas de familias que estaban indefensas frente a las fumigaciones, que veían que eso los estaba afectando, porque las personas no son idiotas, pero que no sabían por qué canales y cómo defenderse, ni ante quién denunciar lo que les estaba sucediendo y que alguien les respondiera.
—¿Cómo se puede entender que la única respuesta oficial haya sido una multa de 1000 unidades reajustables de parte del MSP, y que encima fue apelada por el dueño, cuando acá de lo que se trata es de que se pare la fumigación y no de pagar una multa para seguir fumigando?
—Hay que aclarar que el MGAP, su ministro y los jerarcas del ministerio, son agentes del agronegocio, son promotores de los cultivos transgénicos, del cultivo de la soja transgénica y del maíz transgénico, que ellos son los responsables de que se haya habilitado una docena de variedades de semillas transgénicas, hasta lo que sabemos hoy, como todo el paquete de venenos que acompañan necesariamente esos cultivos. Entonces cuando vos te presentás ante el MGAP es como si te presentaras ante la Cámara de los Sojeros y de los cultivadores de transgénicos, y no van a ser ellos los que te van a acompañar. En cuanto al MSP, ahí sí hemos encontrado gente responsable y consciente de los daños a la salud y que se empieza a hacer cargo de ese tema. Y DINAMA que también poco a poco ha ido respondiendo positivamente a los reclamos justos y fundados de la población que está siendo envenenada.
—Ellos dicen que la DINAMA no les respondió nada.
—La Dirección de Medio Ambiente y el Departamento de Salud de DINAMA han producido informes que han sido positivos en relación a lo que está ocurriendo, y luego es el MSP el que toma la decisión de la multa. De a poco se va consiguiendo que el MSP y la DINAMA dialoguen, se pongan de acuerdo.
—¿Qué enfermedades o males constatables encontraste en la escuela y en los vecinos de Paso Picón?
—La primera molestia que aparece, y eso lo sufren todos los niños a la hora de las fumigaciones, igual que los adultos, son los problemas respiratorios, dificultades para respirar, accesos de tos, dificultades respiratorias que los médicos después catalogan como crisis de asma o crisis alérgica, y problemas de alergia en la piel. Esos son los primeros síntomas, que se dan conjuntamente en general con vómitos y diarrea. El problema mayor es que los médicos desconocen las consecuencias de las fumigaciones, el sistema de salud desconoce los síntomas primeros de la intoxicación por fumigaciones, entonces cuando el afectado va al médico los médicos dicen “tiene una laringitis” o “tiene una faringitis”, “tiene una crisis de alergia respiratoria al polen, al agua jane, al cambio de estación…”. Los problemas gastrointestinales, los problemas de vómitos y diarrea, los atribuyen a virosis o a que comió algo que le cayó mal, entonces salen del médico con un diagnóstico de gastroenterocolitis. Eso ha llevado a que la propia dirección del Centro de Toxicología del Hospital de Clínicas (CIAT), que es el centro de referencia para intoxicaciones de todo tipo, planteara que en el momento en que tú estás en la cercanía de una fumigación y sientes cualquier malestar de cualquier tipo lo primero que debes hacer es llamar al CIAT, decir que has estado expuesto a una fumigación, o que tus hijos estuvieron expuestos a una fumigación, que llegaba hasta tu casa o llegaba hasta la escuela o llegaba hasta el camino ese olor espantoso que tienen los productos, y que estás teniendo tos o diarrea o dolor de garganta o dolor de cabeza, y pedirles a ellos que sigan tu caso y que sean quienes diagnostiquen. Inmediatamente de hacer el pedido al CIAT les das también el contacto con tu médico tratante y cuando llegas a tu médico le dices que ya hablaste con el CIAT y que él tiene que llamar al CIAT para que el CIAT lo guíe en el diagnóstico. Ese fue el pedido expreso de la Dra. Laborde, directora del CIAT, porque es la manera en que quienes entienden de intoxicaciones pueden guiar al médico en el diagnóstico para poder comprobar que no es una faringitis sino una intoxicación por agrotóxicos.
—O sea que los médicos desconocen los efectos de las fumigaciones por ignorancia propia y no se trata de que esquiven el diagnóstico por corporativismo médico, porque el dueño del campo es médico.
—No, en la mayoría de los casos los médicos desconocen el efecto de las fumigaciones, por lo que no se trata de mala voluntad. Lo que yo encuentro inaceptable es que un científico, un médico, lo desconozca, pero esa es otra cuestión. Hay médicos que lo reconocen abiertamente y que te dicen: “mirá, yo de esto no sé nada, si vos tenés material pasámelo”, como se lo ha dicho a la vecina Adriana Pascual personal médico de Canelones.
—Esto también afecta a la zona protegida de la cuenca del río Santa Lucía, porque ahí al lado pasan el Canelón Chico y el Canelón Grande. ¿Por ese lado no se puede hacer nada? Porque hay una zona protegida que se está violando.
—Se está violando la salud de las aguas y por lo tanto la salud de los habitantes en todo el país. Específicamente en Canelones hay un problema gravísimo, tal como tú lo planteas, y es que se está violando toda la reglamentación de OSE, se está violando la Ley de Aguas y se está violando el artículo 47 de la Constitución. Por ejemplo los cultivos de los que es propietario Máximo Castilla, el sojero que envenena a la gente en Paso Picón, afectan directamente tanto el Canelón Chico y el Canelón Grande, sí.
—¿Qué fuerza de decisión viste en los vecinos de Paso Picón como para continuar esta lucha? ¿Percibiste miedo ante las amenazas recibidas o frustración ante los trámites hechos y que no han recibido respuesta?
—Esa situación de frustración y la situación de miedo de enfrentarse con los productores se da a nivel nacional. Hasta ahora todo lo que los afectados han intentado hacer de una u otra manera ha caído en saco roto. Recién a lo largo de 2014 hemos conseguido avanzar en la protección de las poblaciones, las personas, las familias que están siendo afectadas por las fumigaciones. Cuando tú preguntas en Paso Picón, la mayoría de las personas le temen a Máximo Castilla, que es un hombre violento, que se permite amenazar a los vecinos, que es un hombre que es capaz de decir ante abogados y jueces que a ver si se necesita atropellar al denunciante en una carretera y tirarlo en una cuneta, que es un hombre que no tiene respeto por los demás, que así como los envenena los amenaza. Pero esa situación no se da solamente en Paso Picón sino en todo el país. Yo estaba hace algunas semanas en Tacuarembó y es la misma situación. Lo que me decía la gente que está siendo afectada en Tacuarembó es que les tienen miedo a los capataces que salen a amenazar o que les tinen miedo a los dueños de los cultivos. La población está siendo amenazada en todo el país, y eso no es un verso, es así. Es una vulneración de derechos que nunca nos hubiéramos imaginado que pudiera volver a suceder en este país o que pensábamos que había terminado en las décadas del cuarenta o del cincuenta, cuando todavía los terratenientes y los productores rurales eran amos y señores de la tierra, del ganado y de las personas.
—Y me han dicho que extrañamente la policía local no reacciona ante la denuncia de ninguna amenaza tampoco.
—Sucede en todos los ámbitos. No reaccionan las Inspecciones Departamentales de Enseñanza Primaria, por ejemplo. ¿O es que alguien ha escuchado a miembros de Educación Primaria hablar públicamente o iniciar acciones en defensa de los niños y el personal docente y de servicio que está siendo afectado en las escuelas rurales y semirrurales del Uruguay?
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