Los Cerrillos - Canelones

Con Hugo Fontán, vecino afectado por la fumigación

AMENAZAS, PESTES Y COIMAS

Es uno de los seis vecinos que no bajan los brazos. Lo entrevistamos en su casa de Paso Picón junto a Adriana Pascual, María Luisa Lamas, Teresita Estelarde y Sonia Fontán, mientras que el productor orgánico Ariel Gulpio, en cuyo campo el MGAP constató deriva de glifosato en marzo y noviembre de 2013, no pudo estar presente. Fontán confirma las amenazas de parte del Dr. Máximo Castilla, los efectos nocivos de la fumigación y las posibles coimas con las que el médico podría estar comprando a los funcionarios.

—¿Cuánta gente vive en Paso Picón? 

—En esta zona hay unas cuarenta casas y calculamos unas trescientas personas aproximadamente.

—¿Cuándo comenzaron con el problema de las fumigaciones? 

—En 2006. De 2006 a 2009 nos estuvieron fumigando con una avioneta. En 2009 hicimos la denuncia correspondiente en la Intendencia de Canelones, ahí fue que paró la avioneta, y de ahí en adelante comenzaron a fumigar con un mosquito.

—Porque la fumigación con avioneta está prohibida. 

—Está prohibida en todo Canelones pero hay lugares donde todavía lo hacen. 

—¿Cuáles fueron los primeros efectos de esa fumigación? 

—Aparecían cantidad de pájaros muertos y cuando eso toca el agua no queda pescado vivo. Hasta las nutrias desaparecieron. Los vecinos no pueden tener gallinas porque se las mata, perros, corderos y alguna vaca creo que también sonó.

—¿Después que prohibieron fumigar con avioneta cuándo comenzó a fumigar con mosquito? 

—Inmediatamente.

—¿Eso cómo ha repercutido en la salud de los humanos? 

—En casos de diarreas, problemas respiratorios, asma, problemas de oídos, problemas nasales, en los ojos, en los riñones. 

—También hay una escuela cercana que está siendo afectada. 

—Exactamente. La escuela Nº 34 Dionisio Díaz.

—¿Qué problemas les acarrea a los gurises de ahí? 

—Al día siguiente o a los dos días que se fumiga los niños empiezan a presentar todos los problemas que ya te dije. Problemas en la piel también. Hay niños desde la época de la avioneta a los que les aparecen manchas en la piel, pero lo peor es que los médicos no están preparados, porque vas y les decís que pasó tal cosa y… Quizás sería necesario que el Ministerio de Salud Pública instruyera a los médicos al respecto.

—¿Ningún médico pudo llegar a certificar que todos esos males surgen a raíz de la fumigación? 

—Sí, en el caso de Adriana Pascual y de su hija.

—¿Qué problemas puntuales fueron los de ellas? 

—Problemas hepáticos, asma. Yo también tengo una hija que tiene asma, que no lo contrajo por esta causa, pero cada vez que fumigan se le agrava el problema y tiene que recurrir a los inhaladores.

—Y el haber contraído problemas hepáticos también lleva a que no puedan tomar algunos otros medicamentos para otros tipos de afecciones. 

—Claro. En el caso de Adriana Pascual y la hija está probado por el médico. Es más, el Ministerio de Salud Pública le impuso una multa al dueño del campo de 1000 unidades reajustables por no respetar las distancias. Porque si está fumigando y hay un viento de 20 o 30 kilómetros por hora esa fumigación va a parar muy lejos.

—¿A qué distancia de ese campo está la escuela?

 —A unos 400 o 500 metros aproximadamente. 

—¿Y los vecinos más cercanos? 

—Los vecinos más cercanos están al lado. Por ejemplo Adriana Pascual está a diecisiete metros.

—¿Los casos que aparecieron en la escuela no fueron revisados por ningún médico? 

—Sí, pero el médico no relaciona el mal que tiene el niño con las fumigaciones. Por ejemplo hay un caso de una nietita de un año y medio de la señora Estelarde que está con diarrea hace dos días o tres y el médico le manda lo que el médico conoce para esos casos, pero la niña sigue deshidratándose.

—¿Esos médicos son de salud pública o de alguna sociedad médica privada? 

—De una mutualista. Pero en salud pública pasa lo mismo porque los médicos no están preparados. Por ejemplo yo tuve un problema cutáneo después de una fumigación y fui al médico y le expliqué y no saben.

—¿Qué denuncias han presentado y ante qué organismos? 

—En la DINAMA, en el Ministerio de Ganadería, en el Ministerio de Salud Pública, en el Instituto de Derechos Humanos y en la Intendencia de Canelones.

—Y el único que le puso alguna pena fue el Ministerio de Salud Pública. 

—Sí, una multa de 1000 unidades reajustables ($ 771.210 al 6/2/2015)

—Que todavía no la ha pagado. 

—No sé, porque él apeló. Pero incluso hubo un caso muy especial, del subsecretario de la Intendencia de Canelones, Federico López, que fue enviado aquí a ver cuando fumigaban, tomó fotos donde se ve bien la deriva, donde el viento lleva los tóxicos, y ese funcionario sufrió una grave intoxicación, se atendió en COMECA y fue derivado al Banco de Seguros.

—¿Por haber estado ese rato tomando fotos? 

—Sí, sí, sí.

—Aparte de esa multa de Salud Pública, aparte de la prohibición de la Intendencia de fumigar por aire, ¿qué les han respondido a partir de la fumigación con mosquito en la Intendencia, en Ganadería y en la DINAMA? 

—Ganadería cuando hicimos la denuncia mandó funcionarios, tomaron nota y ahí quedó la cosa. Tomaron muestras, incluso dio un caso positivo en el terreno de un vecino que estaba contaminado, pusieron una multa, pero el hombre espera y no se sabe nada más.

—Ahí fue donde encontraron glifosato en tierra. 

—Sí, glifosato. Hay determinadas zonas declaradas como áreas protegidas y resulta que la Intendencia dice que no tiene personal para vigilar esas áreas protegidas. En consecuencia, al lado de la represa del Canelón Grande han plantado soja y fumigan al lado del agua sin problemas y la Intendencia dice que no tiene inspectores. 

—Pero tampoco llegan a reconocer que eso no se debe hacer. 

—Ellos han hecho algunas resoluciones pero nada efectivo.

—¿Y la DINAMA? 

—La DINAMA no respondió nada.

—Entonces ustedes a raíz de que nadie les responde van y hablan con el Instituto de Derechos Humanos y a partir de ahí comienzan los contactos con los otros organismos. 

—Claro. Se contactaron con Salud Pública y fue ahí donde le pusieron la multa.

—¿Ustedes han realizado alguna medida de protesta frente a ese campo? 

—No, no.

—¿Cuántos vecinos están dando la cara ante este problema? 

—Por ahora somos seis.

—¿La demás gente tiene miedo? 

—Sí, fueron amenazados, constantemente amenazados.

—¿Por quién? 

—Por el dueño del campo.

—¿Qué tipo de amenazas? 

—Hay cien maneras de apretar a una persona. Una de ellas es que le van a pegar. Y hay amenazas de muerte también. Hay denuncias hechas en la comisaría.

—¿En la comisaría qué hicieron? ¿Lo citaron por las amenazas? 

—No sé lo que han hecho hasta ahora. Sabemos sí que eso está en el juzgado correspondiente, en Canelones.

—Noto mucho silencio alrededor de todo esto, incluso en la actuación policial. ¿Tiene mucho poder este señor? 

—Sí, tiene mucho poder y mucho dinero, supongo que como todos los individuos que andan en esto. Y evidentemente están protegidos.

—O sea que puede estar coimeando a distintos organismos del estado. 

—Es posible, o a algunos funcionarios.

—¿También hay miedo en quienes no se manifiestan en contra? 

—Que se manifiesten en contra hay pocos, porque el trabajo escasea y las familias que trabajan para él nunca van a decir una sola palabra. Además si les hace un favor a determinadas personas esa gente no va a querer denunciarlo. Es una forma de coimear también.

—¿Qué plan tienen ustedes de ahora en más? ¿Solamente seguir soportando? 

—No, nosotros seguimos denunciando y va a llegar el momento que vayamos a la vía judicial.

—Y si fuera a través del Instituto de Derechos Humanos mejor. 

—Por supuesto. Ellos nos apoyarían.