Menores

EL SUBIBAJA REPRESIVO 

De cien de los delitos cometidos en Uruguay noventa y cuatro están a cargo de adultos y seis de menores. 

La política carcelaria es pésima y no rehabilita a casi nadie. Por ello seis de cada diez reclusos son reincidentes y se mantienen en el circuito delictivo de por vida, sumado ello a la aberrante corrupción policial dentro (y fuera) de las cárceles. 

Para el 26 de octubre se propone un plebiscito que de salir triunfante estaría castigando con hasta seis veces más de pena a menores de 16 a 18 años, los que serían recluídos en cárceles similares a las de los mayores. 

La política de rehabilitación es mentira porque no existe ningún programa que así lo permita. 

La política de reinserción también es mentirosa porque quien sale de la cárcel difícilmente pueda luego encontrar trabajo, viéndose impulsado a continuar delinquiendo. 

La inseguridad existe pero no es condenando al seis por ciento de los delincuentes que logrará combatirse, aunque claro que el miedo reinante puede aportarles muchos votos a los impulsores de esta reforma. 

La demagogia electoral esta vez pretende cobrar con carne su incompetencia, mientras los dictadores continúan disfrutando de un régimen especial con prisión domiciliaria. Por todo ello decimos no a este sistema y no a la baja.

Desde aquí se ve

LO DELGADO DE LA PIOLA

En un mundo de desiguales un González del Marconi no es igual que un Peirano de Carrasco, porque un González del Marconi puede asaltar a una señora que sale de cobrar su jubilación pero el otro puede robar un banco sin siquiera moverse de su casa. El primero perjudica a una persona. El segundo a mil. Pero posiblemente el Peirano de Carrasco, si acaso va preso, deba pasar muchos menos años en la cárcel que el González del Marconi, simplemente porque vivimos en un mundo de desiguales, así para la justicia, para la policía, para los políticos y para la sociedad en su conjunto. Pero está bien, pongámosle que el de Carrasco es mayor y el del Marconi menor. ¿La gravedad del delito cambia según la edad de cada uno? ¿O lo que hace cambiar la pena del delito es la clase social de la que se proviene? La transmisión genética no hace al delincuente, pero los hábitos socioculturales sí. Los ricos saben que cuentan con un mayor rango de impunidad y los pobres que el gatillo fácil policial los puede asesinar en Santa Catalina. Por ello el rico si es corrupto saldrá a atacar y el pobre a defenderse, también atacando incluso. Hace unos años fui a visitar al cantor Abel García a Solymar, y me sorprendió el éxito económico de un supermercado a la vuelta de su casa. Poco después una pareja recién casada que había adquirido ese supermercado fue asesinada. Averiguando me enteré que el tal éxito económico se debía a que sus dueños anteriores tenían allí una boca de pasta base y que sin saber del cambio de firma alguien fue a comprar y no le vendieron y los mató. En la puerta de ese exitoso comercio había siempre un patrullero policial cuidando que no les pasara nada a los que vendían la droga. ¿Los culpables del homicidio fueron sólo los menores que apretaron el gatillo? Hace siete años entrevisté en CX30 Radio Nacional a Rocío Villamil, integrante de Madres de la Plaza, agrupación de familiares de consumidores de pasta base. Venía de presentar en la Jefatura de Policía de Montevideo una lista de setenta y dos bocas de venta de pasta base. La Jefatura jamás investigó a ninguna. ¿Tiene la culpa el hijo de Rocío, que la noche anterior había robado de su casa en el centro el último televisor que les quedaba para comprar droga que la policía no actuara contra los narcotraficantes? En diciembre de 2011 fui a entrevistar al penal de Libertad a Alejandro Píriz Brun, conocido delincuente que entre otras cosas se dedicaba a revender la cocaína que les robaba a policías, políticos y algunos jerarcas del estado. ¿Quién es más culpable, Píriz Brun o los policías corruptos que hasta hoy siguen entrando droga y armas a las cárceles? ¿El menor que robó a la jubilada o mató a la pareja en Solymar puede rehabilitarse en un lugar así? ¿Por qué se pretende excomulgar de este sistema corrupto al 6 por ciento de los menores por el 94 por ciento de los mayores que delinquen? Porque la política represiva es clasista y, aunque el policía que lo reprime sea de la misma clase social que el reprimido, uno está armado legalmente y el otro no. Los jóvenes -y los pobres- son las consecuencias de las causas, y las causas tienen su génesis en la sociedad hipócrita que todos alimentamos día a día, la que disfruta con el morbo de los informativos rojos, la que promueve el consumo de las marcas, la que perdió esos valores que hoy se les reclama a los más débiles: los jóvenes, que no tienen un espejo de integrdad moral donde mirarse ni referentes válidos que les promuevan otra forma de vida más allá de todas las carencias de índole diversa que los circundan. Ellos son hoy apenas víctimas de nuestro sistema, pero cuando salgan de las nuevas prisiones que los impulsores de la baja están proponiendo se convertirán en nuevos y más peligrosos victimarios. A todo eso decimos no.

Con Fabiana Goyeneche, de la Comisión Nacional No a la Baja

CÁRCELES SON CÁRCELES

En medio de su permanente actividad, a tiempo completo, Fabiana nos concedió hablar durante una hora sobre los aspectos jurídicos de la reforma que plantea bajar la edad de imputabilidad. Es la vocera preferencial de la Comisión No a la Baja, abogada sanducera nacida en democracia hace veintinueve años.

—¿Cuáles son los puntos fundamentales de quienes impulsan la campaña del sí a la baja y cuáles los fundamentos de la comisión por el no?

—La propuesta dice que hay que castigar a los adolescentes entre 16 y 18 años con el Código Penal que se les aplica a los adultos, lo cual hace que las penas se vayan muchísimo más arriba de lo que están hoy en día. Hoy un menor entre 13 y 18 años cuando comete un delito, sobre todo un delito grave, va preso, y va preso desde que lo procesan, es decir desde que se le empieza el juicio, ni siquiera hay que esperar a que haya una sentencia de culpabilidad, lo cual es bastante estricto. Y van al SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), que es una institución que depende del INAU, que tiene los centros de privación de libertad adolescentes, los que nosotros para simplificar llamamos cárceles, porque cuando a una persona la encierran con grilletes, esposas, entre rejas y cuatro paredes y la privan de su libertad podemos llamarles hogares, centros, pero estamos hablando siempre de lo mismo, entonces cárceles son cárceles. También es cierto que la propuesta no habla de mandarlos a las cárceles de adultos sino que se supone que irían a un nuevo lugar; la reforma dice que se va a crear un nuevo lugar, un servicio descentralizado, sería más o menos algo como el SIRPA pero con autonomía, que no dependa jerárquicamente del INAU.

—¿Algo como lo que plantea el padre Mateo Méndez? 

—No específicamente. El padre Mateo habla un poco de no focalizar todo el poder en el estado, que haya gestión privada, pero lo que sí te puedo decir es que el padre Mateo se opone rotundamente a este proyecto y está militando por el no a la baja codo a codo con nosotros y no comparte para nada esa propuesta. Los que proponen esta reforma se basan fundamentalmente en que ven que hay demasiados delitos violentos cometidos por adolescentes, en que ellos creen que lo que se hace hoy en día no es suficiente, y que amenazarlos con una pena más alta, como la de los adultos, evitaría que cometan tantos delitos, y creen que sacando de la órbita del INAU ese servicio descentralizado va a funcionar mucho mejor y los va a rehabilitar mejor. Pero sería bueno que la gente lea el contenido de la papeleta por sí misma antes de ir a ponerla en el sobre o no, porque ahí van a ver todo lo que la papeleta no dice, sobre todo de este servicio descentralizado, porque lo único que dice es que el estado va a tener que crearlo. O sea que vamos a tener que esperar a que los nuevos legisladores asuman, después de marzo de 2015, para que creen este nuevo instituto, que además por ser un servicio descentralizado hay que aprobarlo por mayoría absoluta. Mientras tanto la misma reforma dice que ni bien se apruebe el plebiscito, a los pocos días del 26 de octubre próximo, ya va a haber que aplicar la reforma, o sea que ya vamos a estar castigando a adolescentes como adultos, pero ese nuevo instituto no va a existir. 

—Ellos se basan en problemas de inseguridad, que son reales. 

—Sí, pero si aplicar el Código Penal de adultos fuera tan eficiente para que la gente no cometa delitos no tendríamos, como tenemos, que en el Uruguay más del 90 por ciento de los delitos los cometen los adultos. O sea que nueve de cada diez delitos cometidos en este país son cometidos por personas a las que ya se les aplica esta ley que la reforma propone, y sin embargo cometen delitos igual. Entonces creemos que por ahí no va la cosa, y de hecho no hay una sola experiencia que nos contradiga, ni a nivel internacional ni en lo que Uruguay ha hecho. Y por otro lado, el peligro de esto es que como se va a aplicar de inmediato los jueces van a tener que procesar adolescentes como adultos desde los primeros días, y no pueden mandarlos a cárceles de adultos, no van a tener un lugar nuevo, los van a mandar al SIRPA, que ya está bastante complicado, que ya está falto de plazas, que ya está falto de funcionarios y de personal técnico, entonces van a saturar ese lugar de inmediato, van a generar hacinamiento, van a generar malas condiciones de trabajo y de rehabilitación, y esos chiquilines lo único que van a hacer es profesionalizarse en el delito y convivir amontonados entre gente cada vez más violenta. Y cuando uno habla de que van a estar encerrados con adultos, ese es un hecho totalmente real, porque si a un adolescente de 16 o 17 años se lo procesa por rapiña se lo manda por lo menos cuatro años a la cárcel, entonces un adolescente de 16 o 17 años va a pasar de largo de la vida adulta y va a seguir encarcelado, privado de libertad en ese instituto. Entonces es muy probable que haya adolescentes y haya mayores de edad, de mucha edad, porque van a haber penas mucho más altas, encarcelados en las mismas condiciones y en el mismo lugar. Esto va a ser una universidad del delito, que es lo que nosotros tanto tememos, y por eso estamos diciendo no a la baja.

—Ya que citabas el delito de rapiña, esta reforma establece aumentar de cinco a veinticuatro años de prisión ese delito, y el de homicidio, que hoy es de cinco años, si es especialmente agravado llevarlo a treinta años. ¿No es un desfasaje muy grande? 

—Es muy importante. Pero nosotros también entendemos, porque nos pasa también..., en No a la baja hay mucha gente que ha perdido familiares, amigos, en el delito, en tiroteos, que ha sufrido la violencia directamente, entonces por eso nos duele tanto cuando nos dicen que nosotros defendemos a los delincuentes y que estamos del lado de defender el delito. Lo que pasa es mucho más complejo, y es que uno se tiene que preguntar qué se quiere lograr con esta reforma. Si uno piensa en el dolor y en el enojo que siente cuando uno es víctima del delito capaz que sí, que no haya pena que le alcance, pero el problema es que esas personas en algún momento van a salir, y a nosotros nos preocupa cuándo, cómo y en qué condiciones van a salir. De qué nos sirve a nosotros encerrar a una persona que robó algo, los que lo hemos vivido sabemos lo que indigna y lo que duele eso, pero nos roba algo y lo encerramos durante cuatro, cinco o seis años y sale sabiendo matar, sabiendo robar mejor, sabiendo escapar mejor de la policía, sabiendo mentir mejor, siendo un profesional, vinculado con gente mucho más violenta, con gente que sabe mucho más del delito, y eso no le sirve a nadie porque no estamos mejorando la seguridad. En los únicos pocos países donde están castigando a los menores como adultos ya están viendo que lo único que han logrado hacer es convertirlos en más y mejores delincuentes, porque el adolescente está en una etapa tan especial de su vida y su desarrollo que absorbe con mucha más facilidad esas malas conductas.

—Incluso con el peligro cierto de que luego se quiera seguir bajando más y más, como cantaba La Mojigata en 2010. 

—Por supuesto. Si se aprueba esta reforma no vamos a evitar que los adultos vinculados al narcotráfico recluten a adolescentes para que cometan delitos, lo único que vamos a lograr es que los busquen más chicos, que se deshagan más rápido de aquellos que pueden ser captados por la policía para que no los buchoneen y que los busquen cada vez más chicos. Y por otro lado vamos a ver que no tuvimos buenos resultados y tal vez, desgraciadamente, para las elecciones que viene estemos hablando de otro plebiscito para bajar la edad a 14.

—Nombrabas al SIRPA como la opción que existe hoy para los menores, pero el SIRPA ha estado en los últimos dos años por lo menos bastante cuestionado y denunciado por apremios ilegales de parte de algunos funcionarios. 

—Así es, de hecho todas las organizaciones de la sociedad civil que denunciaron al SIRPA forman parte del No a la baja desde el comienzo y la Institución de Derechos Humanos, que es la encargada a nivel nacional de hacer estas denuncias y estos controles, sacó una declaración muy contundente hablando de que pese a la urgencia de estos problemas que están encontrando se oponen rotundamente a la baja de la edad de imputabilidad porque también consideran que va a empeorar la situación. Y hasta el relator contra la tortura de las Naciones Unidas también sacó un informe diciendo que había que mejorar esa situación, que había que arreglar esas irregularidades y esos malos tratos, pero que aún así bajar la edad de imputabilidad iba a empeorar el problema. Por eso otra de las cosas a las que nos oponemos es a poner esto en la Constitución. Si lo ponemos en la Constitución la única forma de modificarlo es hacer otro plebiscito y estar otra vez cinco años discutiendo esto sin poder arreglarlo.

—¿O sea que habría que ponerlo en el Código Penal? 

—Lo que habría que hacer es, primero, seguir mejorando la gestión, y segundo mejorar el sistema penal juvenil, que en buena medida puede ser revisado, pero primero por ley. Nosotros no decimos que haya que dejar todo como está, pero siempre enfocado en que al adolescente hay que darle el trato que le corresponde, sobre todo por las consecuencias que puede tener, y que hay que hacerlo por ley. Incluirlo en la Constitución es un disparate.

—Igualmente esta reforma no abarca todos los delitos. ¿Cuáles sí? 

—Se establece para los delitos de rapiña, que es el hurto pero con amenazas o con violencia; el copamiento, que es una rapiña pero que se le suma la privación de libertad; el homicidio en todos sus niveles de gravedad; la extorsión; el secuestro y la violación. Lo interesante de esto es que sólo castiga delitos intencionales y deja por fuera cosas como el homicidio culposo. O sea que si un adolescente de 16 años con una amenaza logra arrebatar una billetera y se va corriendo va a ser castigado como un adulto, pero si ese mismo adolescente agarra el vehículo del padre, totalmente alcoholizado o drogado, y le quita la vida a una familia entera pero no lo hizo intencionalmente sino por imprudente, no va a ser captado por la reforma. Dejan por fuera los delitos vinculados al narcotráfico, cuando sabemos que si bien son pocos los homicidios cometidos por adolescentes, su mayoría están vinculados a problemas con drogas o al narcotráfico. Entonces la selección de delitos es totalmente arbitraria. Y además también se deja la posibilidad de agregar delitos por ley, lo cual también es impreciso, porque tampoco sabemos qué delitos se van a agregar.

—Si triunfara en el plebiscito el sí a la baja, ¿se estarían violando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño que Uruguay ya ratificó? 

—Por supuesto. Por ahí se ha dicho que en realidad hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, aunque nadie me ha mostrado esa jurisprudencia, que dice que los pactos solamente se violarían por una ley, lo cual para nosotros es un disparate. En materia de derechos humanos a nivel internacional cuando cualquier país ratifica un tratado, como Uruguay lo ha hecho con la Convención de Derechos del Niño por ejemplo, se compromete a respetarlo y a no retroceder. Por ejemplo, Uruguay alcanzó la garantía de que no haya pena de muerte, entonces ahora no puede aprobar ni siquiera constitucionalmente que se permita la pena de muerte, porque estaría violando todos los compromisos que firmó de abolir la pena de muerte y estaría siendo responsable a nivel internacional con la comunidad internacional, lo cual puede traer sanciones, condenas, demandas, severos problemas. Esto ocurre también con el compromiso que asumió Uruguay de tratar a los adolescentes hasta los 18 años con un régimen especial, que es el Sistema Penal Juvenil.

—Hace poco entrevisté al intendente de Colonia, Walter Zimmer, que es del grupo de Larrañaga, del Partido Nacional, y él se expresa a favor del no a la baja… 

—Sí, es una nueva señal la de Zimmer de que el no a la baja no tiene colores políticos. Una de las razones por las que se formó la Comisión No a la Baja fue para poder militar en contra de la baja sin tener que sacar una bandera política, y afortunadamente lo hemos logrado, de tal manera que hoy en día contamos con Walter Zimmer pero también con Adriana Peña (PN), intendenta de Lavalleja, con Sergio Botana (PN), intendente de Cerro Largo, y son cada día más las adhesiones de distintas personas de distintos partidos políticos que se oponen a la baja porque es claro que no es una buena solución ni una buena herramienta para mejorar la seguridad. Y lo mismo pasó en su momento con Adela Reta del Partido Colorado y con Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional, que se oponían a bajar la edad de imputabilidad.

—Pero te citaba el caso de Zimmer porque él me contaba que está en contra de bajar la edad de imputabilidad pero con la condición de que se mantengan los antecedentes generados como menor. ¿Qué opinan ustedes? 

—De hecho eso ya ocurre, porque la ley lo prevé. Todos los partidos políticos por unanimidad aprobaron una ley que dice que el antecedente como menor se conserve por dos años después de cumplida la pena, para que pese, pero en algún momento ese peso tiene que alivianarse para darle a la persona la oportunidad de realmente encaminarse en una vida sin delito y saber que ya pagó esa condena y la puede dejar atrás. Pero lo que pretenden los impulsores de la reforma es conservar esos antecedentes de por vida, y con eso no estamos de acuerdo.

—Se pretende condenar a los menores como mayores, ¿pero para todas las demás instancias a las que acceden los mayores también se los tiene en cuenta?, ¿el menor que resulta punible por esta propuesta de reforma también podría votar?, ¿se convierte automáticamente en ciudadano? 

—No, en absoluto, por eso nosotros decimos que esta reforma que se defiende como una reforma integral de integral no tiene nada, integral sería si fuera global y se abarcara otras responsabilidades y un análisis completo de la ciudadanía. Esta reforma lo único que propone es castigo. Y lo curioso de esto es que cuando le preguntamos a un vocero de la Comisión para vivir en Paz por qué habían hecho una propuesta tan selectiva nos dijo que querían atacar rápidamente el problema de la inseguridad y que no había tiempo para dar un debate tan profundo y complejo como sería analizar todos los demás aspectos. Nosotros compartimos que sería un debate mucho más profundo, más complejo, más difícil, pero estuvieron durante tres años en silencio y esos tres años los podríamos haber aprovechado para sí discutir una reforma integral.

—Yo hace cinco años milité y voté para anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, y lo que me llamó la atención, además de que perdimos, fue que en la campaña de todos los partidos políticos se hacía muy poca referencia a ese plebiscito. Y me está sonando que con la campaña actual está pasando lo mismo, los políticos hablan poco de este tema. ¿O escucho mal? 

—Sí, puede ser que se esté hablando poco. Nosotros por eso también hemos tratado de generar este espacio para no depender de los políticos y de lo político partidario para poder hablar y para generar el debate. Igualmente lamentamos que cuando queremos confrontar ideas la única campana que escuchamos del otro lado es político partidaria, no encontramos gente que no represente a un partido político que salga a hablar a favor de la baja, pero nosotros sí tratamos de apoyar y establecer vínculos cuando hay pronunciamientos en contra de parte de cualquier integrante del sistema político. En ese sentido este mes hubo una conferencia interpartidaria en la cual jóvenes pertenecientes al Frente Amplio, al Partido Independiente, al Partido Colorado y al Partido Nacional hicieron una declaración en conjunto, que escribieron en conjunto, dando sus razones de por qué se oponían a la baja de la edad de imputabilidad y explicando la necesidad que había de un debate de esto.

—Públicamente no, pero en el mano a mano he escuchado cualquier tipo de cosa, gente diciendo que al que mata hay que matarlo, que al que viola hay que castrarlo, todo remitiendo a la inseguridad, que evidentemente existe. ¿Han analizado en la comisión cuáles pueden ser las causas y las soluciones a esa inseguridad?, ¿de dónde proviene, de la pobreza de muchos sectores, del consumo problemático de drogas, es una cuestión cultural? 

—Es un fenómeno muy complejo y multicausal, no es ni sólo por la pobreza ni sólo por la falta de educación ni sólo por la droga, aunque seguro que ese cóctel influye muchísimo. De lo que sí estamos convencidos es de que la política criminal tiene que ir de la mano de las políticas sociales. En 1995 hubo una reforma muy grande en Uruguay del Código Penal, del Sistema Penal, porque había una preocupación enorme por la inseguridad, entonces se aumentaron muchísimo la gran mayoría de las penas. En ese momento teníamos unos dos mil y pico o tres mil presos en todo el país. Hoy tenemos muchas más cárceles, tenemos once mil personas privadas de la libertad, y la inseguridad sigue creciendo. Por eso nosotros queremos que esto se ataque de forma eficiente de una vez, pero estamos convencidos de que si seguimos aplicando las mismas lógicas y las mismas respuestas el problema va a seguir existiendo, vamos a tener más gente encerrada y vamos a tener cada vez más miedo de salir a la calle. Nosotros queremos terminar con eso y por eso nos oponemos a la baja de la edad de imputabilidad.

—¿En la comisión de esos delitos influye la clase social? 

—Sin duda que influye. Cuando uno entra a un hogar de menores, o también a una cárcel de adultos, va a ver que la gran mayoría de la población es del estrato socioeconómico más bajo del país. Y esto no es porque solamente la gente humilde cometa delitos sino porque son siempre los más fácilmente captables por el sistema. Los dos sistemas, el sistema policial y el sistema judicial son selectivos, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de eludir la policía ni de contratar un buen abogado para que lo asesore y defienda. Y eso en el sistema penal se nota. Vaya si se nota.

Con el sacerdote Lucio Escolar

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA

En esta edición procuramos la palabra de los mayores referentes públicos de la comunidad cerrillense, y el padre Lucio es uno de ellos. Nacido en España, aquerenciado en Uruguay, fue incluso represaliado en la dictadura y preso en la Cárcel Central. El cura Lucio también le dice no a la baja y así lo fundamenta.

—¿La Iglesia Católica tiene alguna posición respecto de la baja de la edad de imputabilidad? 

—La Iglesia en general no ha sacado ninguna declaración, sin embargo el señor arzobispo y otros obispos más han dicho que no van a votar el sí a la baja, porque la razón es que la culpa la tenemos los mayores y con eso no se arregla nada, se hace más doloroso todavía la superación de los crímenes o robos que cometen los infractores menores. Yo pienso que el tema pasa porque tanto el gobierno como los padres son los responsables de la educación de los hijos. Ahí está el problema. Por eso bajando la edad de imputabilidad no va a haber menos delitos, va a haber los mismos o más todavía, y va a ser más doloroso para todo el pueblo.

—O sea que para usted es un problema de contención. 

—Es un problema de educación, de revertir los papeles y posibilitarles a los chicos que estudien, que tengan una relación buena con la familia y les hagan ver que la vida no es robar ni asaltar ni darse los gustos como sea, sino que la vida es responsabilidad, estudiar, trabajar, respeto mutuo, todo eso, que es un poco lo que se ha perdido, pero no se logra bajando la edad de imputabilidad porque se destruye más la persona.

—¿Se vinculan de alguna forma los principios cristianos con este tema? 

—Por supuesto, se vinculan mucho. A la persona hay que educarla y respetarla, no hay que reprenderla y aislarla. Esa es la libertad que Jesús nos da, que con el cariño, con el amor, con el respeto a la persona, es como se hacen los hombres nuevos. Hay una misión dentro de cada uno, un potencial, y hay que educarlos, porque si no se educa sale el hombre que sólo busca por sí mismo su propio beneficio, y eso lleva a una realidad de no valorar, de no tener respeto, y Jesús nos invita a querer, a educar, a sacar lo bueno que hay en cada hombre y mujer, y lo bueno que hay en cada hombre y mujer es lo que Dios ha puesto, la solidaridad, el amor, el cariño. Y a estos jóvenes muchas veces les falta eso, el amor, el cariño, sentirse educados, respetados. Porque muchas veces no se los respeta, y si no se los respeta ellos tampoco respetan después a otros. Un niño o una persona joven que tiene cariño, que tiene amor, que tiene una familia que lo contenga, aunque sea una abuela, ese muchacho que tiene amor es mucho más fácil que camine por caminos buenos, por caminos de solidaridad, que la persona que no ha tenido cariño ni amor y ha sido dejado de lado. Ese tampoco conoce lo que es el amor, el cariño, el respeto.

—Amor, cariño, respeto, ¿y medios económicos? 

—Pero no todos los que no tienen medios económicos son malos.

—Ni todos los que los tienen son buenos. 

—Ni todos los que los tienen son buenos. Por eso para mí es educación, es sentirse apoyado y querido desde niño. Una persona que es querido por alguien siempre respeta a los demás. Una persona que ha sido abandonada, que no le han querido de niño, es como que no le encuentra sentido a la vida y agarra para cualquier lado. ¿Pero quién lleva a un muchacho a delinquir?, una persona mayor. ¿Quién le enseña a delinquir?, no lo saben ellos por sí mismos, sino que alguien que se apodera de él, que se apodera de su conciencia, le hace caer en esas situaciones.

—¿Usted en la misa desliza alguna opinión sobre este tema? 

—Yo en la misa no deslizo ninguna opinión. Algunas veces rezamos para que no haya delincuencia, para llegar al respeto de los derechos humanos, para que tengan educación los jóvenes y los niños, para que no les falte el cariño, el amor. Eso indirectamente sí. 

—¿En algún momento los feligreses se le arriman para preguntarle qué pueden hacer frente a esta cuestión? 

—Algunas personas han venido a hablarme.

—¿Y usted qué les dice? 

—Yo les digo mis razones, que bajando la edad de imputabilidad no va a haber menos crímenes, que no son todos los jóvenes los que lo hacen, y también que el problema es de los mayores, de los que les enseñan a hacer esas cosas.

Con Cuatro Pesos de Propina

SURCANDO EL NO

En radio Vilardevoz nos encontramos con Gastón Puentes y con Diego Rossberg de la banda Cuatro Pesos de Propina, antes de su actuación en Los Cerrillos, y les preguntamos su posición sobre la baja. Así nos respondieron respectivamente.

GP: Venimos recorriendo bastantes zonas del país apoyando esto porque creemos que es muy importante que no se baje la edad de imputabilidad penal, y nuestra posición es que no es una solución sino más bien algo que ayudaría a empeorar la situación.

DR: Yo también entendí, hablando con un alumno que está bastante en la organización, que más allá de que realmente no solucionaría nada hay que frenar a ciertos sectores políticos que van probando a ver hasta dónde se puede cambiar una Constitución, y donde esto salga a favor de que sí se baje después probarán con otra cosa y después con otra, y así. Y vas agarrando susceptibilidades del pueblo que es bueno que alguien encare el tema.

Con Analía Dini, integrante de la FENAPES

ADOLESCENCIA, BURBUJAS Y FÓSFOROS

Analía integra la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria como profesora de literatura e idioma español en el liceo de Los Cerrillos. Convive con los adolescentes y no vota el sí a la baja.

—¿Por qué no a la baja? 

—Porque se le está mintiendo a la gente cuando se le dice que con una ley se puede cambiar tanto la realidad como para resolver el problema de la inseguridad. Hay todo una campaña mediática para que parezca que vivimos en un país mucho más inseguro de lo que en realidad vivimos, y se está cargando todo el peso sobre los adolescentes, como si la solución pudiera pasar por hacer que los adolescentes fueran tratados como si tuvieran 18 años.

—¿Será que hay que buscar un chivo expiatorio? 

—Yo creo que sí. Y me parece que también está siendo un tema de campaña político partidaria claramente, donde cualquiera que vote bajar la edad de imputabilidad está haciéndose cómplice, queriendo o sin querer, de esa situación.

—Igualmente el tema no está muy presente en los discursos partidarios. 

—No, me parece que pensaron que iba a dar un rédito mayor y ahora están reculando. Está muy tibia la respuesta político partidaria frente al tema porque nadie se quiere mojar demasiado y ser demasiado tajante en su opinión. No están mencionando el tema, nadie quiere debatir, nadie quiere perder un voto por el tema del no a la baja. Los profesores que tratamos con los chiquilines todos los días sabemos que no se puede tratar a lo que es diferente como que fuera todo igual. Los estudios indican que las personas están estirando cada vez más la adolescencia. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay hizo un informe en el que dan sus razones acerca de por qué no es una buena ley, y no la apoyan.

—¿Para la FENAPES por dónde pasa la inseguridad? 

—Los chiquilines con los que trabajamos son un resultado de las condiciones sociales en las que se mueve el país, los chiquilines y sus familias. La inseguridad no pasa por un lado solo. Tenés familias que hace generaciones que no tienen un empleo digno ni el valor incorporado de que el trabajo dignifica o de que el esfuerzo pueda ser algo que vale la pena. Esa situación no la vas a revertir con una ley, porque las leyes son muy importantes pero no cambian tanto la realidad. Y en este caso lo que hay es un interés político partidario detrás de la propuesta.

—¿En el aula llegan a percibir adolescentes que estén en el filo del delito? 

—Sí, evidentemente. En Los Cerrillos vivimos mucho en una burbuja respecto de un montón de cosas. A veces me asombra que la gente de acá hable de la inseguridad como algo que la aqueja y la acosa, cuando los problemas graves de inseguridad en Cerrillos no los vivimos, y sin embargo a veces asombra que la gente parece que en vez de mirar el mundo por la ventana de su casa lo mira por la pantalla de la televisión, y a la televisión le encanta mostrar quince veces el mismo crimen, y si lo cometieron menores de edad mejor. Pero sí, los profesores dando clase estamos en un lugar en el que vemos muchas veces situaciones contra las que tratamos de pelear, y a veces podemos y a veces no. Igual ese discurso del rescate de los chiquilines a través de la educación a mí no me convence, me parece una cosa como muy religiosa. Yo creo que si alguien rescata a alguien es cada persona a sí misma. Son situaciones tan complejas que muchas veces la educación no es capaz de revertirlas, porque la educación abre un mundo de posibilidades pero también están las realidades concretas, las condiciones materiales de vida de los chiquilines, que no todos van al liceo bien puchereados, entonces no sólo que no van a aprender como deberían sino que muchas veces van a estar viendo cosas que todo el tiempo se les meten por los ojos, donde el estatus pasa por tener equis championes, y para ellos eso está a kilómetros de distancia, a menos que estiren la mano y lo agarren. Son situaciones muy embromadas, donde se puede intervenir pero de manera muy limitada. En este momento los profesores estamos en la guerra con un fósforo en ese aspecto.

Con el Cabildo Joven de Los Cerrillos

ENTRE LA REALIDAD Y EL REALITY

La mayoría no, pero algunos de ellos todavía siguen siendo inimputables. Algunos de ellos hoy todavía.

—Ustedes que están más cerca que otra gente de la edad inimputable, ¿cómo se imaginan la vida en una cárcel de adultos? 

—Seguramente saldríamos peor de lo que entramos, porque si juntan a todos los jóvenes y los encierran no es la solución a nada, por eso no estamos de acuerdo con esa forma de lo que llaman rehabilitación. 

—¿El SIRPA es una solución hoy, donde incluso se han denunciado hasta torturas? 

—Pero eso no va en una cuestión de política pública sino en un mal rol del funcionario.

—¿O sea que en las cárceles la policía corrupta también es un tema personal y no del aparato? 

—No, no lo decimos para lavarnos las manos sino por la comparación que hacés del SIRPA con lo que sería que vayan a una cárcel común.

—Pero hoy desde los 13 a los 18 años se los aloja en el SIRPA. ¿Puede salir un joven efectivamente rehabilitado del SIRPA así como está? 

—Son cosas diferentes. Tienen una política más de educación y están todos en igualdad de condiciones.

—¿O sea que habría que dejar todo como está? 

—Quizás mejor implementado. Pero últimamente hay otra política con respecto a la reinserción más que nada, y ya hay gurises que están trabajando a partir de ese nuevo programa. El SIRPA es relativamente nuevo y como tal está en proceso, y estas cosas que han surgido sirven para evaluar y continuar mejorando.

—¿Qué les dirían a quienes están convencidos de que votando el sí a la baja se puede solucionar un enorme porcentaje del problema de la inseguridad? 

—Lo que pasa es que lo único que muestran de los jóvenes en los medios es eso. ¿Cuántas de las cosas que hacemos acá se muestran a nivel masivo? Ninguna. Y nosotros somos una pequeña parte de jóvenes que hace algo en Cerrillos. Entonces si te pasan en tres informativos diarios durante cinco días a un joven robando es obvio que la gente va a pensar que el mayor porcentaje de robos es culpa de los jóvenes.

—Entonces hay gente más permeable que otra, porque la gente que no va a votar el sí a la baja también mira televisión. 

—Los medios de comunicación forman opinión en cuanto a que los jóvenes son todos chorros y no muestran lo positivo de los jóvenes.

—¿De qué forma creen que podría rescatarse al joven que está creciendo en una familia problemática para no llegar a delinquir? 

—Tiene que haber una intervención a nivel familiar. Además ahora se está implementando todo lo que son escuelas de tiempo completo, donde se busca que también tengan un equipo multidisciplinario. 

—El argumento que más se usa es que los gurises roban para conseguir droga. Lo que no se dice es que los que les venden son mayores. ¿No habría que tener una política más a fondo de combate al narcotráfico como causante y no tanto penar las posibles consecuencias delictivas del menor que consume? 

—Sí, pero hay que ver también por qué consume ese menor. Ya de por sí la sociedad lo excluye y ese joven consume para escapar de la realidad que vive.

—O ni siquiera se lo plantea. 

—Claro que no.

—¿Conocen a alguien de Los Cerrillos que esté a favor del sí? ¿Qué fundamentan? 

—A algunos pocos. Dicen que al que roba hay que matarlo porque no se va a recuperar nunca y si hace algo tiene que pagarlo, van a eso nomás.

Con la alcaldesa Rosa Imoda

SISTÉMICAS DISFUNCIONES, BATMAN

Desde 1985 se intentó bajar dieciséis veces la edad de imputabilidad pero en ninguna ocasión se logró. Hubiéramos deseado encontrar algún referente a favor de esa baja en Los Cerrillos para poder transmitir su posición pero cuando hasta la propia alcaldesa blanca Rosa Imoda no está a favor no buscamos más.

—El Partido Nacional comenzó impulsando el sí a la baja. 

—Algunos sectores.

—¿Ahora dieron libertad de acción para todos sus militantes. 

—Sí, dieron libertad, pero yo nunca estuve de acuerdo con el sí.

—¿Aunque lo impulsaba el herrerismo? 

—Una parte del herrerismo. Pero ahora ya no existe el herrerismo.

—¿Por qué estás a favor del no a la baja? 

—Porque trabajé veinte años en el INAU y sé que no es la solución.

—¿Cuál es la solución? 

—La solución pasa por otro sistema, por un sistema educativo diferente, con valores desde niños como cuando nuestros padres y maestros eran nuestros referentes, y por lo tanto creo que una ley que baje la edad de imputabilidad no es lo mejor.

—¿Qué cambiaría si triunfara el sí? 

—Que irían a otro sistema de privación de libertad.

—¿Más represivo? 

—Más represivo. Pienso que el INAU se debería encargar de los menores desamparados y formar personas para tratar con esos chicos privados de libertad, porque acá quedaron los mismos funcionarios bajo el mismo sistema, entonces estamos educando de la misma manera.

—¿Como funcionaria del INAME/INAU durante veinte años pudiste llegar a descifrar por qué un menor llega al delito? 

—Porque no estuvo contenido en su casa, no tuvo valores de familia. Son niños que se criaron en la calle, que muchas veces los mismos padres los mandaban a delinquir, entonces para ellos es algo normal porque ya vienen de ver delinquir a la madre, al padre, al tío o a un hermano mayor y ellos hacen lo mismo, para ellos está bien. Entonces hay que empezar a formar desde el sistema de educación inicial.

—¿O sea que es sólo un problema de los gurises de clase baja? 

—No, ¿quién dice que los gurises de clase alta están bien educados? Muchas veces sus padres están ausentes, no están nunca. No es un tema económico, es un tema social.

—¿Se ha hablado dentro del Partido Nacional de cómo se podría menguar por lo menos el problema de la inseguridad? 

—Hay un plan para abordar el tema de la inseguridad si se llega a ganar, pero yo no estoy trabajando en él ni estoy muy empapada porque estoy a pleno en la alcaldía.

—¿Ese plan incluye otra baja de la edad de imputabilidad? 

—Lo desconozco, a mí no me lo consultaron y no estoy de acuerdo. Pero además no puede estar incluido porque eso va a ser resuelto en el plebiscito. Sí pienso que se van a buscar otras alternativas.

Con Rodrigo Roncio, director de la Juventud IMC

LA BAJA SON LOS PADRES

Prefirió responder a título personal o de su banda Carnosaurios, pero la posición de Rodrigo está inevitablemente enlazada a la del Frente Amplio, por lo que puede considerarse como corporativamente oficial.

—¿Por qué los políticos que más hablan sobre esta reforma son los que están a favor del sí a la baja? 

—Todas las comunicaciones del Frente Amplio en este momento salen con la grulla del no a la baja.

—En los discursos no lo veo así. 

—De los errores se aprende, y lo que vos planteás son errores de los que hay que aprender. Uno se tiene que jugar más, el sistema político se tiene que comprometer más todavía con el tema del no a la baja. Yo estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad por un abanico inmenso de razones, pero se viene sectorizando mucho este tema, y puede ser un error porque votar no votan solamente los jóvenes, votamos todos, y este no es sólo un tema de jóvenes.

—Los inimputables no votan. Puede por eso ser un tema fácil de abordar, porque no se están perdiendo votos del lado de la franja que se pretende condenar. 

—Este no es un tema de pérdida o no pérdida de votos, incluso creo que poner esta campaña en época electoral es embarrar la cancha, así como pasó con la ley de caducidad. Para mí lo que hay que discutir en esta campaña es el concepto de la cultura, el sí o el no a la baja como un tema cultural.

—Hay muchos países donde las cárceles no están en manos del Ministerio del Interior sino del Ministerio de Cultura. ¿No sería esa una mejor gestión para Uruguay? 

—Sí, es que acá hay que empezar a cambiar algunos paradigmas. ¿Queremos seguir apuntando a un sistema de rehabilitación o queremos empezar a apuntar a un sistema de prevención?

—Para vos que estás en contacto con tantos jóvenes, ¿cuál es el perfil de un joven problemático? 

—A mí me parece que no tiene perfil, hay situaciones de vida que no empiezan hoy y son tan diversas como la vida, porque uno puede delinquir en una situación de vida que supone ser favorable o en otra que supone ser desfavorable. Y lo favorable no tiene que ver con lo económico.

—Puede afanar tanto el de Casabó como el de Carrasco. 

—Por eso. Cada joven es singular, y en singular hay que pensarlo.

—¿Desde el partido de gobierno qué se piensa como alternativa para combatir la inseguridad? 

—La ley de regulación del autocultivo del cannabis apunta a la seguridad para el consumidor y a la batalla contra el narcotráfico, a empezar a regular algunas cuestiones que tienen que ver con las libertades. Después el mejoramiento en la educación, la inversión que se dice que va a ser mucho mayor. Porque el concepto de seguridad hay que abarcarlo desde el lado de las libertades, de la educación, de la cultura. En el tema del Ministerio del Interior, en esta gestión se ha invertido fuertemente en ese ministerio. Y después está la cuestión de la discusión de los paradigmas, que es la que la fuerza política está dando, qué paradigma político tenemos acerca de la seguridad. La baja son los padres.

Con Eduardo Rodríguez, de Kolping

MENOS CÁRCEL Y MÁS ABRAZO

Uruguay aprobó en 2004 el Código de la Adolescencia, con el que se responsabiliza penalmente a los menores de 13 a 18 años, por lo que esa franja etaria ya sufre condena por sus delitos. La asociación católica Kolping está presente en Los Cerrillos desde 1997, trabaja fundamentalmente con niños y jóvenes y se ha posicionado a favor del no a la baja. Sabe de lo que habla. Este es el diálogo con Eduardo.

—Kolping se expidió a favor del no a la baja. ¿Por qué? 

—El Equipo Nacional de Jóvenes Kolping desde principio de este año fue dialogando sobre el sí y el no, consultando en las bases, y en agosto elaboró un documento promulgándose a favor del no a la baja.

—¿Por qué no? 

—Primero porque es ir en contra de los principios de Kolping, que como sacerdote apuntaba a atender las necesidades de la época y se encontraba con una población de jóvenes que producto de la revolución industrial no tenían trabajo, que tal vez se podían dedicar a robar porque no tenían otra salida. Entonces los agrupó, les enseñó un oficio y además compartían experiencias, en qué andaba cada uno, qué cosas les preocupaba o les gustaba.

—¿Creen que los gurises se podrían rehabilitar a través de un trabajo similar hoy y aquí?

—Sí, nosotros decimos menos cárcel y más abrazo. La sociedad carece de mucho afecto y estos jóvenes que ahora se intenta encarcelar son nada más que personas que carecen de ese afecto y de ese acompañamiento. Ya están condenados desde el momento que nacen, ¿qué más condena les quieren dar?

—¿O sea que la inseguridad es un problema sociofamiliar? 

—Podría decirse que sí. Decir no a la baja no es desconocer que hay inseguridad, pero la mayoría de los delitos que se cometen en este país no son de mano de menores, y también responden a una lógica social donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco.
—Es decir que también es un problema de desigualdad social. 

—Sí, y es un problema que estigmatiza mucho a los jóvenes, porque incluso los que están a favor de bajar la edad de imputabilidad dicen que no son todos los jóvenes, son algunos, ¿a quiénes apunta eso?, a los más desfavorecidos. La lógica de las clases sociales hace que esta idea del robar no sea tan visible para las clases altas, porque el cometer un delito atiende a una necesidad.

—Real o ficticia. 

—Sí, uno no roba porque quiere, uno roba porque tiene que atender a una necesidad real o ficticia, pero las necesidades materiales la gente de clase alta las tiene cubiertas. Lo que sí, hay que dejar de partidizar este problema social, porque a mí me da la sensación de que si vos no estás a favor de bajar la edad de imputabilidad sos de izquierda y que si le decís sí a la baja sos de derecha, y no es así. Hay un montón de gente de todos los partidos políticos que está trabajando por el no a la baja, como también gente de todos los partidos, también de izquierda, pensando en decirle sí a la baja. Este problema social no admite partidismos. Va mucho más allá de cualquier color partidario o religioso.

LOS CHICOS POBRES Y LA LEY

(o la trampa de los “modernos regímenes penales de menores”)

Se dice que en Argentina llueve y en Uruguay nos mojamos. En Argentina se vive una política represiva contra los menores, que además de arbitraria y cruel es de legislación abierta. Por eso le pedimos a María, escritora combativa, abogada, militante y otros, que escribiera un artículo para esta revista. En 1992 Verdú es cofundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en Argentina (CORREPI), desde donde se denuncia y se brinda apoyo legal a las víctimas de la represión gubernamental.

Cada vez que un adolescente aparece involucrado en algún delito vuelve a la tapa de los diarios el “debate sobre la imputabilidad penal” y se produce una avalancha de opiniones de políticos oficialistas, opositores, periodistas, y “expertos” profesionales o amateurs. En general todos reclaman cambios en las leyes o en la forma de aplicarlas, con matices que van desde el pedido liso y llano de represión explícita, hasta los que abundan en su discurso palabras “progres” como reinserción, resocialización, garantías y derechos. Alguno podría preguntarse, con cierta dosis de ingenuidad, por qué no se genera un debate similar frente a la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles o militares, o para los crímenes de la burocracia sindical, los funcionarios o los empresarios. Lo cierto es que en estos casos el análisis mediático y la “opinología” no generalizan ni se extrapolan conclusiones más allá de lo que insisten en presentar como “hecho aislado”, muchas veces calificado como “insólito” o “sorprendente”. Es que batir el parche sobre la “criminalidad juvenil”, en el marco de la tesis de la “inseguridad ciudadana”, que tan eficaz resulta para profundizar los mecanismos de control social difuso sobre las grandes mayorías empobrecidas, rinde frutos por derecha y por izquierda. Permite a unos y otros mostrarse preocupados por lo que caracterizan como “demanda social”, apoyados en la realidad incontrastable de que la miseria y uno de sus correlatos, la salida delictiva individual, existen, al tiempo que llevan agua a sus diferentes molinos, y hacen su aporte a la construcción de un “enemigo interno” cada vez más identificado con un adolescente de gorrita con visera.

Abundan en Argentina, en los últimos años, los proyectos de leyes de responsabilidad penal juvenil, algunos ya sancionados en jurisdicciones locales, otros con permanentes y oportunas reformulaciones en el ámbito legislativo nacional y de las provincias. La mayoría, acordes con los vientos que soplan, declaman con cuidado cuanto derecho y garantía procesal recordaron sus autores, e invocan a cada paso la constitución y pactos internacionales. Así, empaquetan con un velo “políticamente correcto” la sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo de la “flagrancia”.

El lenguaje adoptado por los voceros oficiales nos habla de la necesidad de “dar a los chicos, desde los 14 años, el derecho a ser juzgados con todas las garantías procesales” pretendiendo dar a entender que el establecimiento de un régimen de responsabilidad penal juvenil será al mismo tiempo una mejora en las condiciones procesales de los menores. Otra vez, asesoramiento del juez Zaffaroni mediante, la etiqueta progre para el veneno represivo.

De lo que se trata, en definitiva, es del derecho a ser condenados. Parte del discurso para la tribuna se nota cuando se habla, por ejemplo, de poner límites a la duración de los procesos, de un año desde su inicio hasta la sentencia, o en casos de cuatro meses (como el caso de la flagrancia), términos que cualquiera que camina los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir con condenas “express”, a través de mecanismos como los juicios abreviados, en los que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión (“firmá el abreviado, pibe, te conviene”). Esas formas “alternativas” de terminar el proceso, aplicadas a la realidad material de los chicos que son judicializados en nuestro país, los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social.

Lo que no se dice es que con las actuales leyes vigentes ningún pibe, culpable o inocente, es impune. Si tiene más de 16 años va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice “Menores”, y en lugar de ir a una cárcel va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia.

Y si tiene 14 o 15 años la cosa es todavía peor. Es cierto que no se lo juzga, porque es “inimputable” por su edad. Pero se lo interna en algún instituto o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna “comunidad terapéutica” de donde va a salir alguna vez mucho más adicto de lo que entró, pero, además, abusado, violado, embrutecido y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio. O no va a salir nunca, como los centenares de pibes que mueren por año en alguno de esos lugares “de protección”.

Aunque no aparezca escrito en ninguna ley, la forma que tiene el estado para adoctrinar a nuestros chicos, los hijos de los pobres, no variará con una u otra legislación: la picana, los “suicidios”, las torturas, el encierro, la muerte.

La profundidad de la trampa se ve con claridad si miramos la forma en que realmente ocurren las cosas. En cualquier barrio de trabajadores, de cualquier ciudad del país, encontramos las mismas historias sobre detenciones cotidianas en las que la policía -o la prefectura, o la gendarmería, cada vez más presentes en el patrullaje urbano- “levanta” uno o más pibes que caminaban por la calle o pasillo, que iban o volvían de sus casas. En la mayoría de los casos el propio detenido y su familia no pueden explicar el motivo formal de la detención. Sólo saben que el chico fue arrestado, que pasó un mal rato (generalmente un día o una noche entera, habitualmente con paliza o peor) en un calabozo, y que fue puesto en libertad con tanta discrecionalidad como fue detenido. 

Cuando indagamos, confirmamos que, salvo contadísimas excepciones, ninguna de esas detenciones obedece, ni en la forma ni en el fondo, a acusaciones delictuales. En abrumadora mayoría aparecen como tardía legitimación la averiguación de identidad o las faltas y contravenciones, que técnicamente no debieran aplicarse a menores de 18 años, o las simples “detenciones de menores”, blanqueadas mediante sistemas como el de “procedimiento de entrega del menor” de la provincia de Buenos Aires, muy similar al viejo “Memorándum 40”, una orden interna policial que habilitaba detenciones de menores sin intervención judicial. Este memorándum fue descubierto a partir de la detención y muerte de Walter Bulacio en la Comisaría 35ª de la Policía Federal Argentina en 1991.

Mienten quienes nos pretenden imponer el falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de los miles de pobres pues cada día y medio, con un nuevo muerto, reafirman que mientras se mantenga este carácter clasista del sistema judicial y de todo el estado, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios, seguirán torturados en las comisarías. Y por supuesto, también seguirán siendo pobres.

De eso se trata todo este “debate” sobre la imputabilidad penal de los menores de edad. De cómo exterminarlos en mayor número, al menor costo posible. Y que los que queden vivos sirvan de clientes para las porquerías que trafica la burguesía, y de mano de obra esclava para su policía. Y que aprendan que si se rebelan, si dicen “no”, pueden pasar a engrosar la lista de los 213 desaparecidos, como Luciano Arruga, o de los millares de fusilados por el gatillo fácil. Para que nunca, nunca, tengan la libertad de decidir que no quieren seguir viviendo de esa manera, ni, mucho menos, la conciencia para intentar cambiarlo.

Dibujo de mi amigo argentino Demián Aiello, dibujante, humorista y director de cine, con quien venimos trabajando en el documental sobre Jorge Lazaroff “Rascá la cáscara”.