viernes, 18 de julio de 2014

Con vecinos del centro de Los Cerrillos

FE DE RATAS


Carlos Oronoz y su esposa, Mabel García, Silvia Soca y Natalia Macchi viven alrededor de un galpón que su propietaria, Ana Núñez, arrendó a la firma encabezada por Néstor y Jorge Rondán, domiciliados en la calle Artigas s/n de la ciudad de Cardona, inscriptos en el BPS con el número 4801785 y en la DGI con el RUC 180166380010. En ese local de unos 400 metros cuadrados trabaja una media decena de empleados cerrillenses en el procesamiento primario de granos, fundamentalmente soja, que luego derivan a otras procesadoras para extracción y elaboración de diversos productos a partir de ese aceite vegetal. Según aseguran los vecinos que entrevistamos esta aceitera no cuenta con ningún tipo de habilitación, ni de la IMC, ni del MTSS, ni del MSP, ni del Municipio, ni de ningún departamento integrante de ninguno de esos organismos. Pese a ello esta empresa viene trabajando sin problemas desde hace casi un año, aunque han recibido una serie de inspecciones de diversas entidades nacionales y municipales a raíz de la denuncia de los vecinos, a los cuales la Intendencia les adelantó que procedería a su clausura el pasado 13 de mayo, la cual jamás se hizo efectiva. Los vecinos entrevistados aseguran que el accionar de esta miniindustria les afecta auditivamente por “sonido de maquinaria de día y de noche, entrada y salida de camiones, carga de subproducto a granel con pala cargadora”, además de “un olor constante, muy denso y nauseabundo a materia descompuesta” con proliferación de “ratas, moscas y palomas”, constituyéndose todo ello en “un ataque grave al medio ambiente y a la calidad de vida”. Este accionar afecta a unas seis manzanas del centro de Los Cerrillos, ya que dicho galpón está ubicado a una cuadra de la plaza céntrca, con frente en Lavalleja, entre Tajes y Varela. Aquí transcribimos parte del diálogo con los vecinos que antes citamos. Y este tema también integra la agenda que trabajaremos en el próximo Cabildo Abierto.

—¿De quién es ese galpón?    
—De una familia Núñez. El dueño original, Lidio Núñez, lo utilizaba para el negocio de él, que era compra y venta de forrajes y granos. Por razones de edad él abandonó ese negocio, está jubilado, y sus propiedades las repartió entre dos o tres hijos, y a la hija Ana, que es contadora en la UTE en Montevideo, le tocó la casa, este solar y el galpón. Ella tuvo mucho tiempo cerrado el galpón y hace más o menos un año pidió refuerzo de energía eléctrica, y ahí supimos que iba a venir una industria procesadora de soja, que al principio no le dimos mayor trascendencia, hasta que en setiembre del año pasado empezó a trabajar. Estaba un poco mal ubicada pero no supimos evaluar las consecuencias de eso, pero a medida que fue pasando el tiempo y nos acercamos al verano empezamos a sentir un nivel de ruidos durante toda la noche, porque ellos por razones de energía trabajan toda la noche cuando están procesando soja, y durante el día hacen el trabajo de embolsado, trasegado, entrada y salida de camiones. A medida que fue avanzando el verano aparte del ruido empezamos a tener problemas de palomas, una cantidad impresionante de palomas que venían a comer los subproductos, porque hubo también una época en que ellos los tiraban para afuera.
—¿Tiraban soja para afuera?
—Soja, sí.
—Así que ellos tienen acopio y procesamiento de soja para aceite.
—Sí, pero no lo terminan de procesar por falta de maquinaria, entonces ese subproducto en forma líquida se lo venden a otra procesadora y ellos lo que hacen es embolsar el remanente de la soja, que tiene como destino alimentación animal.
—¿Qué empresa es?
—No sabemos. Es un hombre que aparentemente es de Cardona, apareció acá, hizo un contrato con Ana Núñez y empezó a trabajar. No tenía y no tiene ningún tipo de autorización, ni nacional ni departamental.
—¿Cómo lo saben?
—Porque lo comprobamos. Nosotros estamos haciendo gestiones desde enero de este año. El 10 de enero presentamos la primera carta en la Junta. Hablamos con la dueña y le mostramos el escrito, que habla de olores, contaminación, y nos dijo que ella había hecho un contrato con todas las de la ley, que le había costado mucho hacerlo porque tenía muchas exigencias, y con muchas firmas de los vecinos lo presentamos en la Junta. También presentamos otra carta en el Ministerio de Trabajo y los inspectores estuvieron dos veces.
—¿Y qué hicieron? 
—Nada. Pero inspecciones vinieron muchas de varias reparticiones.
—¿Qué trámite le dio la alcaldesa a ese escrito?
—Lo elevó a la Dirección de Bromatología, como corresponde. Y hablamos por teléfono con Sanidad, que lo derivó a Arquitectura, hablamos con Arquitectura, todos están al tanto de esto y todos saben que no tienen ningún tipo de permiso y que no lo pueden obtener.
—¿Cuáles son los mayores problemas que están enfrentando?
—En verano era insoportable el olor, las moscas, las palomas, y después vinieron las ratas, que inundaron el barrio. Ha habido un aumento de ratas que es imposible de combatir, desde el momento que la rata tiene mucho lugar donde esconderse y alimento a discreción. Y otra cosa es que la gente que está ahí trabajando se está jugando la vida con la posibilidad de hantavirus, porque ellos comen ahí, viven ahí, y no los ves con equipo. Y hasta hubo una familia con un bebé viviendo ahí en el verano, en el peor momento, entre las ratas.
—O sea que es todo ilegal.
—Todo ilegal. El galpón en su 70 u 80 por ciento tiene piso de tierra. Estamos hablando de una industria con piso de tierra.
—¿De ahí también se procesa luego para aceite de mesa?
—No sabemos el destino, pero el producto sale de acá para otro lado en forma líquida.
—Así que no se trata de una empresa extranjera.
—No, no, y como está todo revolucionado ahora se presentaron ellos a la Junta a pedir todo lo que necesitan para que la Junta Local les de la habilitación.
—¿Recién se presentaron después de un año?
—Hará un mes y medio. Entonces ellos recibieron todos los requerimientos, pero no están haciendo nada, porque lo primero que tendrían que hacer es el piso, porque con piso de tierra no pueden estar ahí.
—¿Qué respuesta han recibido del Ministerio de Trabajo, del Municipio y de la Intendencia?
—Nosotros estamos siguiendo los trámites en la Junta. Al Ministerio de Trabajo se mandó el fax un día y al otro día estaban acá, el mismo día que vino la Intendencia, pero a nosotros el MTSS no nos responde, y a los veinte días volvieron los inspectores del Ministerio y hace poquito estuvieron de nuevo.
—Pero no cambió nada porque viniera el Ministerio.
—No, es lógico que no cambie porque el Ministerio va a poner multas, y es un proceso largo.
—¿La Intendencia tampoco se comunicó con ustedes?
—Cuando hablamos con la Intendencia de Canelones nos dijeron que los trámites estaban todos hechos y que ellos tenían una multa y que lo clausuraban el 13 de mayo.
—¿Quién dijo eso?
—El arquitecto Moreira de la Intendencia.
—Pero no lo clausuraron.
—Vinieron, pero el empresario está trabajando con un abogado y el abogado se ve que conoce toda la tramitación municipal, entonces calculamos que en ese momento fue que el abogado pidió los elementos para ponerse de acuerdo y habilitarse. Ahí la Junta accedió a darle los plazos, los elementos, los insumos, todo, para que se ponga en condiciones. Ahora está en una meseta, el hombre no está haciendo nada, no sabemos si esos plazos vencieron en la Intendencia y si actúa o no, pero el hombre sigue trabajando como siempre. Y también vinieron de la dirección departamental de Salud Pública.
—¿Vino Pose directamente?
—Pose no, pero también se le elevó a él el caso y está al tanto.
—¿Qué ha dicho concretamente Pose?
—Que no puede estar a una cuadra de la plaza.
—Nos quedamos en que no puede existir pero nadie hace nada.
—Claro, nos quedamos en eso. Lo que tenemos es la seguridad de la Junta de que cuando llegue, si es que llega, el pedido de habilitación, ellos lo van a negar porque es totalmente fuera de lugar.
—¿Eso lo dijo la alcaldesa?
—La alcaldesa, sí. También estuvimos dos veces con el intendente Carámbula, él está al tanto de esto, y tanto es así que su secretario privado, Ponce, nos pidió que le mandemos un fax con los números de los expedientes, porque nos dijeron que los dos expedientes estaban para la firma del intendente, y Ponce nos dijo que a veces las reparticiones dicen eso pero no es tan así, que por eso le mandemos los números de los expedientes para rastrearlos.
—¿Dónde están esos dos expedientes?
—Uno en Arquitectura y otro en Bromatología o en Sanidad, los dos iniciados a raíz de la denuncia nuestra.
—¿Cuánta gente está trabajando en ese lugar?            
—Tienen un encargado y tres o cuatro empleados.
—¿Todos de Los Cerrillos?
—Sí, ahora son todos de acá. Incluso uno de ellos dijo que de noche para entretenerse con la chumbera les pegan a las ratas.
—¿Por cuánto tiempo tienen contrato?
—Parece que por un año con opción a otro, porque el tipo iba a trabajar un año para ver cómo le iba.
—Eso les dijo la dueña.
—Sí, nos dijo la dueña.
—¿Ustedes qué esperan ahora?, ¿alguna resolución de alguien?
—Nosotros seguimos luchando y vamos a seguir luchando, pero sabemos que estas cosas son difíciles.
—Ustedes presentaron la primera carta hace seis meses. ¿Cómo se explican que ninguna autoridad haya respondido en seis meses?
—Las inspecciones llegan. Hubo un día que llegaron todos juntos.
—¿Con qué medios de prensa estuvieron?
—Hasta ahora sólo contigo.
                       

Algunos puntos a considerar
1) Los vecinos que denuncian esta situación desean que además quede absolutamente claro que en ningún momento pretenden perjudicar a ningún trabajador que se esté desempeñando en esa industria, como tampoco pretendemos hacerlo desde estas páginas.
2) El hecho de que esos trabajadores, según afirman estos vecinos, estén realizando tareas sin protección ni registro en el Ministerio de Trabajo es de única responsabilidad del empleador, no de quienes denuncian ni de quienes publicamos esas denuncias.
3) Más allá de todos los perjuicios que esta práctica está ocasionando al barrio, ¿quién se responsabilizará mañana si acaso aparece un enfermo por hantavirus? Posiblemente nadie.
4) Mantener personal trabajando en estas condiciones denunciadas es condenado de acuerdo a la legislación vigente, y de eso deberían tomar cuenta todos los empleadores que contratan a estos obreros para los llamados trabajos chatarra, donde el empleado debe callar para no ser despedido y el patrón se aprovecha de esa ventaja.

Otros datos al pie
—La primera denuncia firmada por los vecinos fue presentada el 10 de enero de 2014 ante la alcaldesa Rosa Imoda, la cual la elevó a la Dirección de Bromatología de la IMC.
—La segunda el 22 de abril a Juan Andrés Roballo del MTSS.
—Tenemos copia de ambas.

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